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El titulo es:Se investiga si en caso Aída Merlano hubo lavado de activos

Se investiga si en caso Aída Merlano hubo lavado de activos

El fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que la pesquisa apunta también a establecer si los delitos electorales trascendieron el departamento del Atlántico.

Archivo
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Por: Tomás Betín @tombetri

El fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que la pesquisa apunta también a establecer si los delitos electorales trascendieron el departamento del Atlántico.

El fiscal Néstor Humberto Martínez reveló el martes que se investiga si en el caso de la presunta multimillonaria compra de votos en la sede de la representante conservadora a la Cámara por Atlántico, Aída Merlano, hubo también lavado de activos.

"También se estudia si hubo lavado de activos, pero por los términos de las 36 horas que corrían, hemos avanzando con la imputación contra las cinco personas capturadas por el delito de corrupción al sufragante en concurso homogéneo y sucesivo", dijo el titular del ente de control penal en rueda de prensa en el búnker.

Anotó Martínez además que siguen en las pesquisas para establecer si la compra de votos trascendió las fronteras del departamento del Atlántico y, así mismo, indicó, "tenemos cajas con documentos, videos, que nos permitirán establecer si se han cometido otros delitos como violación al tope de financiamiento de las campañas, porque verificados los montos de pagos podría haber violación a estos topes y habría que adicionarlo a la imputación".

El jefe del ente acusador pidió en consecuencia a la Corte Suprema de Justicia investigar a la representante y, según el preconteo de la Registraduría, senadora electa, por haber hallado "documentación que la compromete" en una compra de votos por más de $6 mil millones. 

La decisión se toma tras el allanamiento a su sede de campaña en Barranquilla, "donde habría funcionado una sofisticada red de compra de votantes, que incluso utilizaba calcomanías con código de barras bidimensional (código QR) para identificar y hacer seguimiento a los líderes encargados de la compra de votos".

A la vivienda se llegó debido a que funcionarios de la Dijín recibieron la información de que en una vivienda ubicada en el barrio El Golf, conocida como 'La casa blanca', funcionaba un comando político desde el que supuestamente se compraban votos para la jornada electoral.

"Luego de las verificaciones iniciales, la Fiscalía libró orden de allanamiento, y durante el proceso se encontraron nueve computadores, cuatro armas de fuego (entre las que había dos revólveres, una escopeta y una pistola. Solo una de ellas tenía salvoconducto, a nombre de Aída Merlano), $268’993.000 en efectivo (guardado en un cuarto destinado exclusivamente para eso) y registro de cámaras de seguridad instaladas por toda la casa", reportó el titular del ente acusador.

Además, la documentación incautada, que según Martínez "compromete" a Merlano, corresponde a certificados electorales en masa, guardados en cajas y bolsas; fotocopias de cédulas de ciudadanía; documentos y planillas electorales y listados con nombres de votantes y líderes que estaban organizados presuntamente para la compra de votos.

Así mismo, se encontraron formatos firmados para certificar el compromiso de compra de voto, organigramas detallados de seguimiento y operación, tenían además un sistema organizado para identificar a los líderes y hacer la trazabilidad del proceso de compra de sufragios, a través del uso de dos formatos: las actas de compromiso y el seguimiento de cada votante.

Además, los investigadores pudieron establecer que se llevaba una contabilidad detallada en una planilla adicional, en la que se hacía la relación de los líderes, el municipio al que pertenecían y los gastos de la jornada. 

Cada voto era pagado a $40.000, con un subsidio de $5.000 de transporte, y el monto a pagar a cada uno de ellos variaba de acuerdo con la cantidad de votos ofrecida y si se superaba ese número, aumentaba también el valor del voto, se lee en el reporte.

"En el proceso se logró la captura en flagrancia de Edwin Rafael Martínez Salas, ingeniero de sistemas; Jefferson Jesús Viloria Mieles, auxiliar de sistemas; Vanessa Victoria Merlano Rebolledo, asesora de la campaña; María Camila Valencia Lugo, encargada de redes sociales; Everlin Carolina Díaz Díaz, jefe de marketing y pedagogía a electores", informó el ente de investigación penal.

Así se usaban los códigos QR  

Un código QR es un código de barras evolucionado en el que se puede almacenar información que se lee en el dispositivo móvil a través de un lector específico.

En este caso que involucra a Merlano, según la Fiscalía, la persona votaba, le entregaba su certificado electoral al líder comprador de votos de determinado municipio o zona electoral y este, a su vez, llevaba esos certificados a la sede de campaña, donde le engrapaban los certificados que llevaba con un código QR específico que contenía el nombre del líder y la zona electoral o el municipio. 

Lo anterior le funcionaba a la campaña para identificar a qué lugar pertenecía ese voto, para llevar sus cuentas del fraude y, al mismo tiempo, para pagarle al líder comprador la cantidad correspondiente al número de votos que habría comprado. 

En palabras del fiscal, el código QR era "para verificar que se hubiera sufragado en un puesto específico", y para ello "la campaña pedía los certificados de votación y, sobre estos, grapaba un papel con código QR, que llevaba el dato del municipio y el nombre del líder al que se le atribuía el voto. De esta forma, se garantizaba que el dinero entregado al comprador correspondiera con el número de votos ofrecido por él a la campaña".

Procurador abre indagación

De oficio, el procurador Fernando Carrillo abrió el pasado lunes una indagación preliminar contra "funcionarios a determinar" por la presunta compra de votos que se habría perpetrado en la sede política de la representante conservadora durante las elecciones legislativas del domingo.

El jefe del Ministerio Público entra de esta manera a verificar las informaciones divulgadas por los medios de comunicación, en las que "se observa una conducta presuntamente irregular desplegada durante la contienda electoral".

Estas aparentes irregularidades obedecerían a "una posible corrupción al electorado, por cuanto al parecer se entregó dinero y se distribuyeron mercados a cambio de votos por la señora Aída Merlano".

Por lo anterior, indica el ente de control, "es necesario determinar si dichos hechos pueden constituir una infracción al ordenamiento disciplinario de los servidores públicos".

Así, "con el fin de verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria e individualizar a los servidores públicos, Carrillo pide a la Fiscalía trasladar los elementos de prueba que se recaudaron en el allanamiento a la sede de campaña, solicita a la Registraduría que certifique si Merlano es senadora electa y al Consejo Nacional Electoral, CNE, que informe si ha recibido denuncias de corrupción electoral contra la representante.

De igual forma, solicita al Comité de Seguimiento y Control Electoral del departamento del Atlántico que informe si ha recibido quejas por compra de votos, dispone una visita especial a la Corte Suprema si ésta adelanta algún proceso contra Merlano por estos mismos hechos y, finalmente, comisiona a la Procuraduria Auxiliar para Asuntos Disciplinarios para practicar estas diligencias.

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