El Heraldo
Domicilio donde permanece Enilce López Romero desde el pasado mes de enero. Archivo EL HERALDO
Judicial

SAE informó que adelanta desalojo de 100 bienes de La Gata

Las propiedades están ubicadas en Atlántico, Bolívar, Sucre, Magdalena y Antioquia. La entidad impugnaría la decisión de fondo del Tribunal de Barranquilla.

El gerente de Asuntos Legales de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, Carlos Quintero, dijo que la entidad adelanta el proceso de desalojo de un centenar de bienes de la condenada exempresaria del chance, Enilse López, alias ‘la Gata’.

Los bienes, de propiedad de López y sus familiares, están ocupados ilegalmente en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Sucre y Antioquia.

De acuerdo con Quintero, entre las millonarias propiedades se encuentran locales comerciales, así como bienes urbanos y rurales: “Nosotros administramos alrededor de 400 bienes de la señora Enilce, de los cuales hemos podido establecer que 100 inmuebles están ocupados ilegalmente, respecto de los cuales la SAE avanza generando los actos administrativos de desalojo y coordinando con las autoridades correspondientes para lograr recuperar materialmente los bienes”. 

Agregó el funcionario de la SAE, con respecto a la medida tomada por el Tribunal Superior de Barranquilla, que suspendió de manera provisional el desalojo de la mansión de Barranquilla en que ‘la Gata’ cumple casa por cárcel, que cuando exista un fallo de fondo que evite de manera definitiva el trámite de desalojo, la entidad presentará un recurso de impugnación ante la Corte Suprema de Justicia.

La suspensión

El lunes se conoció la decisión del magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, Demóstenes Camargo De Ávila, de admitir la tutela interpuesta por el abogado de Enilce López Romero, Diego Muñetón Restrepo, para evitar el desalojo de las dos viviendas que son contiguas y que le incautaron a la exempresaria del chance desde 2014. 

El domicilio se encuentra ubicado en la carrera 59 No. 91-42 del barrio Altos de Riomar, en el norte de Barranquilla. 

A través de un mensaje a EL HERALDO, Muñetón señaló que él mismo instauró la acción constitucional en favor de López Romero y su núcleo familiar luego de que la SAE, Sociedad de Activos Especiales, “ordenara el desalojo en contra de sus propios manuales de administración”. 

“Primero, esas no son dos mansiones, son unas casas grandes y viejas, una se la ofrecimos a la SAE para que la recibiera cuando quisiera. La segunda pedimos que fuera la única entre los casi trescientos bienes incautados, que se la dejaran en depósito provisional o en arriendo porque allí está ella y su núcleo familiar, entre otros, conformado por su señora madre, que no está en mejores condiciones de salud que ella (López Romero)”, expresó Muñetón. 

Esta casa periodística conoció que Muñetón Restrepo actuó en representación de las accionantes Enilce López Romero, de 64 años de edad, y de la madre de esta, Lucila Romero Castro, de 88, contra los accionados Sociedad de Activos Especiales, SAE, y la Fiscalía 38 de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio. 

Opinión

El abogado José Humberto Torres, defensor de derechos humanos, criticó ayer la decisión del magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, Demóstenes Camargo De Ávila, de admitir la tutela interpuesta por Enilce López Romero y Lucila Romero Castro, madre de López. 

“En agosto de 2016 habíamos advertido que las decisiones del doctor Demóstenes Camargo no eran ajustadas, habíamos dicho que la independencia e imparcialidad que debe tener la judicatura está afectada por la conducta que él ha tenido. Hemos dicho que es una persona non grata para administrar justicia en Barranquilla. Aquí hay muchas coincidencias que van sumando, el doctor Demóstenes viene de Cartagena y en Cartagena hay un poder político que se mantiene a favor de Enilce López”, expresó el abogado. 

Luego manifestó que el magistrado no sopesa dentro de la decisión judicial si lo más importante es el interés general y el interés público sobre el interés particular. “Si bien es cierto esta decisión de la suspensión del desalojo, y por su puesto en teoría que está amenazado un derecho, no es menos cierto que tanto los accionados como el magistrado deben colocar en una balanza cuál derecho está siendo afectado: si el interés público o el interés particular. Todos sabemos que el interés general prima sobre el interés particular, yo espero que esta decisión de 

Demóstenes sea rectificada a futuro. Y que tengamos un fallo de tutela acorde a las normas constitucionales y legales”. 

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