Fiscalía revela roles de miembros de red de tráfico de migrantes
Nueve integrantes de la organización fueron judicializados. La estructura tenía fuerte injerencia en el Atlántico.
Tras lograr las judicializaciones, la Fiscalía informó este miércoles 5 de octubre cuáles eran los roles de las nueve personas que fueron detenidas días atrás, tal y como lo dio en primicia EL HERALDO, y que harían parte de una red de tráfico de migrantes que operaba desde 2019 con fuerte injerencia en el Atlántico, así como en el resto de la Costa.
El ente acusador resaltó las funciones de dos de los procesados, que como ya se había dicho, eran miembros de Migración Colombia, indicando así que conformaban la cúpula, aparentemente, de la organización delincuencial valiéndose de sus posiciones dentro de la entidad para realizar trámites fraudulentos, entre otras actividades.
“La acción investigativa, a través de la Seccional Bolívar y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, permitió judicializar a nueve presuntos integrantes de una red de tráfico de migrantes, involucrados en distintas maniobras ilícitas para garantizar el paso y salida de ciudadanos extranjeros con destino final a Estados Unidos, Europa y países de Suramérica”, se leyó en un comunicado de la Fiscalía.
Paralelo a eso, en el informe se desprende que Rolando Iglesias Sanjuan, ex funcionario de Migración, sería el principal articulador del andamiaje criminal: “Al parecer, desde su puesto de trabajo en Paraguachón, La Guajira, contactaba a extranjeros y les ofrecía documentos de identidad como si fueran ciudadanos colombianos o prórrogas en los pasaportes para ayudarlos a salir del país por los aeropuertos Rafael Núñez, en Cartagena; y Ernesto Cortissoz, en Soledad (Atlántico)”.
El otro servidor público, según lo comunicado, responde al nombre de Rafael Púa Ríos. Esta persona terminó siendo señalada de sellar los pasaportes y, supuestamente, avalar el paso de los migrantes que lo buscaban en los filtros de control migratorio de la terminal aérea que sirve a Barranquilla.
“Los demás involucrados cumplirían distintos roles como falsificadores, tramitadores o intermediarios para conseguir registros civiles en distintas notarías y registradurías en ciudades de la Costa Atlántica”, detalló la Fiscalía.
Anteriormente se reseñó que las personas que hacían parte de la estructura fueron capturadas en una operación llamada ‘San Pedro Claver’, misma que fue dirigida por la Fiscalía, y en la que participaron la Policía Nacional y Migración Colombia, desarrollando diligencias en distintos municipios de Atlántico, Córdoba y La Guajira.
“Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los detenidos, según el posible nivel de participación, los delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes y falsedad material en documento público. Cinco de los procesos aceptaron cargos”, anotó el ente acusador.
Sumado a lo anterior, la Fiscalía detalló que los siguientes individuos se allanaron: Iglesias Sanjuan, oficial de Migración; Ramón Toncel Ariza, presunto responsable de la falsificación de los documentos y prórrogas en los pasaportes que usaban los extranjeros para permanecer en el país o pasar por los puestos migratorios; Lucy Conrado Manotas y Diana Hernández Almanza, señaladas de recibir a los migrantes que contactaba la organización y brindarles hospedaje mientras les ubicaban pasaportes, cédulas de extranjería y otros documentos.
Además, Gustavo Moya Puertas, propietario de una empresa de transporte con sede en La Guajira y Cesar: “El material de prueba indicó que, al parecer, ofrecía paquetes de alojamiento, alimentación y transporte de migrantes. Asimismo, habría coordinado el traslado y la logística del grupo de ciudadanos venezolanos que se accidentó en Ipiales (Nariño) intentando llegar a Ecuador”.
Los procesados que no aceptaron los cargos, de acuerdo con la autoridad, fueron: Rafael Púa Ríos, servidor de Migración con funciones en los filtros del aeropuerto Ernesto Cortissoz. En la investigación se conoció que, al parecer, fue el funcionario que selló el pasaporte de una ciudadana venezolana que salió de Colombia y fue expulsada de México luego de que las autoridades de ese país se dieran cuenta de la ilegalidad.
Jorge Cabral Suárez, quien estaría involucrado en la captación de migrantes en La Guajira y la obtención de sellos y documentos para garantizarles el tránsito por el país; Óscar Dickson Herrera, presunto mediador; y Arlington Camargo Díaz, señalado de llevar ciudadanos extranjeros a Valledupar para facilitarles la documentación necesaria para transitar y salir del país.
“Por disposición de una juez de Barranquilla todos los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia”, dijo el ente.
Uno de los puntos clave de la información suministrada por la Fiscalía fueron los casos en los que esta organización delincuencial había tenido participación. Las investigaciones les permitieron constatar a los detectives que la red estaba detrás de sucesos como el registrado en México, o el que tuvo lugar en febrero de este año cuando murieron cinco ciudadanos venezolanos, entre ellos un menor de edad.
Esa vez, las víctimas se vieron envueltas en un siniestro vial, pues eran movilizados ilegalmente junto a otros migrantes en un bus que cubría la ruta Maicao (La Guajira) - Guayaquil (Ecuador). El automotor se accidentó en el puente La Magdalena en Ipiales, Nariño, antes de cruzar la zona de frontera. En el siniestro 24 extranjeros resultaron heridos, recordó el ente acusador.
