Procuraduría pide tumbar la visa especial para los extranjeros de las Farc

Colprensa.
El politólogo Ernesto Yamhure reveló tres fotos donde se ve a los negociadores de la guerrilla haciendo turismo en la capital cubana. En la foto: Tanja Nijmeijer en la plaza de la revolución. Colprensa.
Judicial

La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional que tumbe el Decreto Ley 831 con el cual el Gobierno les otorgó a los extranjeros que hacen parte de las filas de las Farc una visa de residencia especial.

La visa de Residente Especial de Paz se otorga a los guerrilleros extranjeros que estén en los listados entregados por esa guerrilla y verificados por el Gobierno, una vez terminado el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad, si pretenden establecerse en el país de manera indefinida.

Dicha visa le permite a la persona beneficiada trabajar y puede extenderse al compañero permanente y a los hijos menores de 25 años.

En el concepto entregado a la Corte el Procurador Fernando Carrillo señaló que no hay una conexidad directa con el Acuerdo de Paz pues allí no se pactó nada relacionado con el visado para los miembros extranjeros de las Farc.

“En el marco del Acuerdo Final no fue una necesidad esencial la de verificar y regular la permanencia de los extranjeros en el territorio colombiano (…) No se realiza un acápite donde se trata con especificad el tema de los extranjeros excombatientes pertenecientes a las FARC-EP”, dice el documento.

“Así, se torna una medida de conveniencia adoptada por el Gobierno Nacional, lo cual no es suficiente para utilizar las facultades presidenciales para la paz que, por el contrario, exigen una conexidad teleológica estricta y suficiente con el Acuerdo”, agrega.

 

El Gobierno se defiende

Por su parte, el Gobierno Nacional aseguró que se quiso resguardar la estabilidad en el tiempo de este nuevo sistema de visado para garantizar a los excombatientes de las Farc extranjeros “un mayor nivel de seguridad jurídica para la regularización de su situación migratoria”.

Esto, a fin de evitar que en el futuro un decreto ordinario les quite la base jurídica necesaria para su permanencia en el país y para los procesos de reincorporación, sometimiento a la justicia transicional y la garantía de los derechos de las víctimas.

“Sólo una norma de rango de ley, expedida en ejercicio de facultades directamente vinculadas al proceso de paz, les puede otorgar esa seguridad jurídica que, además, contribuye a estabilizar el desenvolvimiento de este proceso”, señaló el Gobierno.

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