Ordenan detención domiciliaria a Ramsés Vargas

Los otros procesados por la supuesta corrupción dentro de la Universidad Autónoma del Caribe fueron cobijados por un juez de segunda instancia con detención domiciliaria y “libertad inmediata”.

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Los otros procesados por la supuesta corrupción dentro de la Universidad Autónoma del Caribe fueron cobijados por un juez de segunda instancia con detención domiciliaria y “libertad inmediata”.

En audiencia que se desarrolló en la tarde de este miércoles en el Centro de Servicios Judiciales, el juez Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, Farid West Ávila, ordenó una medida de detención domiciliaria para Cindy Solar Vargas, Johana Hillembrand Royo, Mariano Romero Ochoa, Jesús Pantoja Mercado, Efraín Maldonado Palma, Pedro Sierra García y Ramsés Vargas Lamadrid,  procesados en el caso del supuesto fraude en la Universidad Autónoma del Caribe.

West Ávila resolvió en segunda instancia la apelación instaurada el 27 de diciembre de 2018 por la defensa del exrector de la universidad y los exfuncionarios investigados por supuestos actos de corrupción.

En ese sentido, ordenó entonces que Vargas Lamadrid, preso desde diciembre del año anterior en la Cárcel Distrital El Bosque, debía ser sometido a la “obligación de medidas de seguridad, mecanismos de vigilancia electrónica para que se le prohíba salir del país, medidas expuestas en el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal…El procesado deberá presentarse el primer día hábil de cada mes ante la Fiscalía Cuarta Especializada”.

Ante esa decisión, un abogado consultado por este medio señaló que ahora Vargas Lamadrid, con la nueva medida, permanecerá en un domicilio del país y tendrá la obligación de presentarse a la dependencia del ente investigador todos los meses, mientras continúa el proceso.

Por otro lado, el Juez Sexto penal del Circuito resolvió otorgar la libertad inmediata a Yeseni Morales Magdaniel, Cindy Solar Vargas y  Johanna Hillembrand Royo.

Farid West Ávila, a quien le correspondió resolver la apelación, explicó que de acuerdo con los informes presentados por los investigadores del caso, el faltante en las arcas del centro educativo no era la millonaria suma de dinero de la que se había hablado inicialmente sino $30 millones, por lo que para el togado el agravante de los fines de enriquecimiento ilícito y del concierto para delinquir se desdibujaban.

Sin embargo, el togado adjudicó a Vargas Lamadrid el delito de omisión del agente retenedor.

El juez de segunda instancia acogió la apelación de Rafael Pacheco Vega, defensor de la UAC en el proceso, De acuerdo con la tesis presentada por el abogado la Fiscalía si probó la autoría o participación de Vargas en el no pago de impuestos a la DIAN, “durante la administración de Vargas Lamadrid la universidad adquirió una deuda de $4.162.640.000; existe una diferencia de $131.445.000 entre el informe presentado por la Universidad y una firma auditora, pero es porque los informes tienen diferente fecha, y no por esto hay que dejar de lado la investigación por este delito pues la inferencia y autoría contra el exrector existe”, puntualizó el abogado en su apelación.

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