El Heraldo
Centro de Servicios para Adolescentes, CESPA. Archivo EL HERALDO
Judicial

Menores investigados y víctima tendrán apoyo de especialistas

Juez dio libertad a 6 menores señalados de abusar sexualmente a una menor en Campo de la Cruz. Otros 6 menores son investigados.

El pasado viernes los 6 menores aprehendidos y señalados por la Fiscalía de participar en un abuso sexual en el municipio de Campo de la Cruz fueron presentados ante el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con funciones de control de garantías de Barranquilla.

En la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Servicios Judiciales para menores y adolescentes, la Fiscalía explicó en la diligencia que en total habrían sido 12 los menores que habrían participado en diferentes oportunidades en el abuso de una menor de 13 años. “Los seis menores presentados al juzgado tenían edades entre los 15 y 17 años de edad, los otros infantes tienen edades inferiores, por lo que por ley no son sujetos procesales imputables”, explicó a EL HERALDO una fuente allegada al caso.

De acuerdo con la investigación del ente acusador los hechos ocurrieron en julio de 2018. Una versión que ronda en Campo de la Cruz vincula a los menores y a la víctima con un plantel educativo, es decir que serían compañeros de colegio.

Para el momento de los hechos la niña tenía 12 años, reportó la autoridad. Esta, al parecer, fue sometida por estos adolescentes a hechos aberrantes siendo grabada mientras ejecutaban la agresión sexual.

En los elementos materiales probatorios presentados ante el juez, la delegada de la Fiscalía 23 seccional dio traslado de la denuncia de la menor, entrevista con sicólogo forense y también hizo referencia a un video que presuntamente había sido filmado por los menores. 

Los menores no aceptaron cargos por los delitos de acceso carnal violento agravado y pornografía con persona menor de 18 años. 

Sobre un internamiento preventivo pedido por la delegada del ente acusador, la defensa de los menores, integrada por los abogados Ángel Vásquez Herazo, Danilo Rojano y Andrés Gutiérrez Miranda, explicó que a su juicio “la medida no era necesaria ni proporcional a los hechos cometidos”.

Luego de escuchar los argumentos de las partes, la juez señaló que no se cumplían los fines constitucionales para la medida e impuso medida no privativa de la libertad a los menores involucrados. “Los menores deberán presentarse ante un juez y ante la Fiscalía cada vez que estos los requieran; no podrán salir del país y  no se podrán comunicar con la víctima y sus padres”, explicó la juez al concederle la libertad a los procesados que contarán con apoyo psicosocial de especialistas, al igual que la víctima para el restablecimiento de sus derechos y deberes. 

En su decisión, la togada remitió oficios al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, para que supervise el acompañamiento a los menores infractores y a la víctima.

 

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