¿Quién responde por el caso del violador?

“Esto demuestra que cuando se quiere se puede, que cuando se vuelve una noticia de interés nacional ahí si aparece milagrosamente”. De esta manera la alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera De la Espriella, resumió lo sucedido con el caso del violador en serie de menores, recapturado ayer luego de que EL HERALDO diera a conocer que estaba evadido de la prisión domiciliaria que una juez le concedió en marzo pasado.

Pero no solo la mandataria distrital lo ha dicho, también entes oficiales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y organizaciones como la Red de Veedurías Ciudadanas. Las voces ciudadanas se han hecho sentir a través de las redes sociales, en la calle, en los medios de comunicación: ¿cómo es posible que la justicia permita que un violador de niños ande suelto en la calle?, ha sido el principal reproche.

El tema deja también abierta una serie de interrogantes. Las preguntas van desde cuáles fueron las razones por las cuales una persona tan peligrosa recibió ese beneficio -aún a pesar de su enfermedad-, sin que ninguna autoridad lo advirtiera o evitara, por qué no se vigiló que estuviera cumpliendo la medida de casa por cárcel e incluso por qué no lo recapturaron tras la denuncia de la violación a otro niño en junio. Las instituciones responden.

Dos guardias para 1.800 domiciliarias

La efectividad de los controles que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, ejerce sobre las medidas domiciliarias está seriamente cuestionada.

La versión entregada por la entidad ayer sobre la fuga de Bayron Palacio Fernández es que solo la Penitenciaría de El Bosque debe vigilar a 1.800 detenidos con casa por cárcel en Barranquilla y algunos puntos del Atlántico, y que para ello apenas cuenta con dos funcionarios. Ante la situación la institución confirmó que abrirá investigación por la evasión del violador, teniendo cuenta que hay registros que indicarían que sí fue visitado.

Frente al tema, el director regional del Inpec, Carlos Julio Pineda, comentó que “lo que evidencian los funcionarios encargados y responsables de eso es que sí se encontraba (Palacio). En el momento en que pasaron la revista en la casa donde se le otorgó la medida ahí estaba la mujer, de acuerdo a lo que me comenta el director del establecimiento. Él tiene que evidenciar todo eso en la apertura de la investigación disciplinaria que se abra por este caso”.

Pineda reiteró que con la investigación se determinará qué sucedió “porque el caso es de impacto, y como autoridades administrativas debemos indagar y tomar las medidas correspondientes respecto a la actuación de los funcionarios”.

El violador de menores en serie no tenía brazalete electrónico, es decir, que la vigilancia que se le hacía era solamente a través de las visitas a su casa, las que, según familiares, nunca se dieron.

“No hubo flagrancia”: Policía

Bayron Palacio Fernández no fue recapturado el pasado 23 de junio, cuando fue señalado de violar a un niño de 10 años en el barrio La Sierrita, porque no lo sorprendieron en flagrancia. Así lo afirmó el brigadier general Ramiro Castrillón, comandante de la Policía Metropolitana, en rueda de prensa en la sede de la Fiscalía en Barranquilla, ante la pregunta de por qué, si estuvo en poder de los agentes en ese entonces, seguía en la calle hasta ayer, cuando lo recapturaron en La Guajira tras el escándalo nacional.

El oficial explicó que la comunidad quiso lincharlo y por eso la Policía lo rescató. 

“Digamos que puede haber una confusión. Cuando la Policía llega al caso lo hace varias horas después, no hay flagrancia y se desconoce por qué algunos ciudadanos lo estaban agrediendo, de hecho la policía lo que hace es conducirlo, se le piden antecedentes y no tiene ningún registro en nuestras bases de datos porque está cumpliendo una pena y alguna de ellas ya las había cumplido. No tenía brazalete, por lo tanto en su momento hubo que dejarlo en libertad porque no tenía antecedentes penales y no fue capturado en flagrancia”, detalló Castrillón.

Sobre la versión de que Palacio se identificó con una cédula falsa en ese momento, el comandante dijo que eso habrá que investigarlo.

En la mañana de ayer, la Policía había anunciado una recompensa de 10 millones de pesos por información que permitiera ubicar al violador de menores, y difundió fotografías de Palacio para que las personas que lo vieran lo reportaran.

Defensoría dice que es un peligro, pero abogó por él

La Defensoría del Pueblo pidió ayer a las entidades competentes investigar por qué no se tuvo en cuenta el antecedente reciente de violación de un niño que pesa sobre el Monstruo de La Sierrita, para reconsiderar la orden del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Sincelejo que en marzo pasado le otorgó la prisión domiciliaria. Incluso el ente del Ministerio Público informó mediante comunicado de prensa que consultó a varias autoridades del Distrito de Barranquilla acerca de la fuga del condenado, mas no obtuvo respuesta. Pese a esta posición, EL HERALDO conoció que la regional de la Defensoría del Pueblo en Sucre abogó para que, en su momento, la juez le concediera la prisión domiciliaria al violador en serie.

El defensor del pueblo en Sucre, Franklin De la Vega, explicó que Bayron Palacio estuvo “más de ocho meses aislado porque podía contagiar a los demás compañeros y, dada su condición crítica de salud, que ponía en peligro su vida y la de los demás, se le solicitó al Juzgado de Ejecución de Penas que hiciera lo propio en Medicina Legal para que determinara si era apto para seguir pagando la condena en una reclusión o casa por cárcel para tener su tratamiento”. Añadió que la ley permite que una persona que se encuentre grave en una cárcel “sin importar que sea el delincuente más grande, sea sujeto de una atención para salvarlo, y más que es tuberculosis que puede infectar a los demás reclusos de La Vega y sería peor”.

Investigación por nuevo caso aún está en curso

Un mes después de la nueva violación de la que es señalado el Monstruo de La Sierrita, una persona con antecedentes (cinco condenas) por acceso carnal violento a menores, la Fiscalía General de la Nación seguía ayer sustentando la investigación para lograr la expedición de una orden de captura en su contra por este caso.

Luego de la denuncia realizada por EL HERALDO sobre la fuga de la casa donde tenía prisión domiciliaria, el director seccional de fiscalías de Barranquilla, Wilder Guerra Millán, recalcó que “se están efectuando todas las actividades investigativas a que hay lugar a efecto de poder lograr la captura o recaptura de este ciudadano advirtiendo también que, como se ha dicho, está prófugo y también incurrió en el delito de fuga de presos”. El pronunciamiento fue horas antes de que la Policía lo recapturara en Maicao, La Guajira.

De acuerdo con lo explicado por el funcionario, la policía judicial debe terminar a más tardar hoy “todos los actos que se requieren para que, objetivamente, un juez pueda dar una orden de captura”.

Guerra Millán ratificó que Palacio “es un ciudadano que tiene antecedentes de condenas por delitos de agresiones sexuales desde hace muchos años, desde 1995 desde Cúcuta se registran están condenas, y en Barranquilla tiene cuatro condenas por la misma naturaleza de delito y el mismo modus operandi”.

Juez advierte que solo se pronuncia con sus providencias

A raíz del escándalo, la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia anunció que interpondrá una denuncia contra la juez de ejecución de penas y medidas de Sincelejo, Lía Denisse Escudero Barboza.

Ante la solicitud de entrevista que le hizo EL HERALDO, Escudero Barboza manifestó que solo se pronuncia a través de sus providencias.

En el fallo del dos de marzo de este año, de cuatro páginas, están consignadas las motivaciones legales para la determinación. Fue ella quien le concedió prisión domiciliaria al violador en serie de menores conocido como el Monstruo de La Sierrita.

Pero en el texto no hace referencia a los antecedentes de este delincuente condenado por acceso carnal violento y que ha sido reincidente.

La Red de Veedurías considera que la juez incurrió “en una clara distorsión de la función judicial” y extralimitación de sus funciones como servidora pública.

Igual, dijo Pablo Bustos Sánchez, presidente de la organización ciudadana, será denunciado el Inpec por su omisión en la función de control y vigilancia de la medida domiciliaria que se le había otorgado a Bayron Palacio.

Para Bustos, lo que hizo fue omitir “las normas legales que obligaban a mantenerlo privado de la libertad y desafiar a la sociedad colombiana y las normas del derecho internacional que dan medidas de protección a las menores”.  

“De igual forma –planteó el veedor ciudadano– creemos que se debe indagar las posibles responsabilidades de las autoridades de Medicina Legal que conceptuaron la viabilidad”.

En este punto señaló que no hubo verificación adecuada ni del cumplimiento de la casa por cárcel, ni que la dirección que el condenado había aportado como el sitio donde iba a estar fuese cierto. De hecho, familiares residentes en esta casa en La Sierrita dijeron que no vivía allí.