Los agujeros que Ramsés Vargas dejó en la UAC
El ente materializó esta semana 9 detenciones, entre viejos superiores y extrabajadores de la UAC, que estuvieron en la administración de Ramsés Vargas. Para la autoridad, estos intervinieron en la millonaria defraudación de la alma mater junto al exrector.
El martes 21 de mayo de 2013 el Ministerio de Educación Nacional publicó en su página web sobre el nombramiento del abogado Ramsés Jonás Vargas Lamadrid como nuevo rector de la Universidad Autónoma del Caribe. El hijo de Sonia Lamadrid y Eduardo Vargas Osorio —primer secretario general de la Autónoma y miembro hasta este año de la Sala General—, llegaba como ‘salvador’ en un momento de mucha turbulencia por todo lo que se había tejido tras el encarcelamiento de la exrectora Silvia Gette Ponce debido a sus líos judiciales.
En aquel entonces, el Ministerio citó una frase del propio Vargas Lamadrid: “Mi prioridad es asegurarle a la región que la Universidad Autónoma del Caribe se mantenga y fortalezca como un gran patrimonio intelectual que es...”. Ramsés tenía energías, quería poner la casa en orden. Para ello, el abogado se mostró como un líder de altos pergaminos con cargos diplomáticos en la ONU, en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el “Gobierno Británico”. Eso también fue respaldado por los másteres y especializaciones en el exterior que mostró en su hoja de vida.
Sin embargo, cinco años después de ese nombramiento, la historia de Ramsés Vargas dio un giro radical que lo sacó de esa zona de confort en la que permanecía con viajes, lujos y excentricidades como la de fumar habanos ‘Montecarlo’ en medio del encierro de su oficina, usar chaquetas rosa al estilo de la serie ochentera Miami Vice y calzar zapatos Ferragamo sin medias: hoy lo busca la Fiscalía por la comisión de al menos cinco delitos relacionados con presuntas irregularidades que llevaron al centro educativo a una profunda crisis financiera y administrativa.
Esta semana nueve de los fieles colaboradores de Vargas Lamadrid en la Universidad fueron capturados por el CTI de la Fiscalía y soldados de la Segunda Brigada del Ejército. Ocho detenciones se dieron en la capital del Atlántico y una más en Bogotá. Los capturados en la ‘Operación Uniautónoma’, tal y como nombró el Ejército la redada, fueron identificados como Mariano Romero Ochoa, Efraín Augusto Maldonado Palma, Cindy Paola Solar Vargas, Orlando Saavedra Magri, Laura del Carmen Laíno García, Pedro José Sierra García, Jesús David Pantoja Mercado, Johana Martina Hellembrand Royo y Yeseny Morales Magdaniel, esta última fue la capturada en la capital del país.
Todas estas personas fueron judicializadas por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito, corrupción privada, administración desleal, falsedad en documento privado y estafa. Por esos mismos delitos es investigado el exrector. De hecho, su captura estaba prevista para el día en que se hicieron los operativos, pero la autoridad no lo halló donde se tenía conocimiento que debía estar. Tampoco fue encontrado en el apartamento de su padre, en Cartagena, otra estancia en los radares de los investigadores. (Ver nota anexa).
Las bolsas de basura
El primero de marzo de este 2018, fecha en la que se aproximaba la Semana Santa, Ramsés presentó ante el Consejo Directivo carta de renuncia a la Rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe. Esa carta se filtró y fue publicada en su totalidad en varios medios de comunicación. En uno de sus apartes este dijo: “La actual crisis que nos fabricaron y que en semanas han desdibujado lo que costó tanto construir, es la evidencia de que de corto plazo no siempre el bien o la verdad son las que se imponen, pero la Biblia y esta cuaresma nos recuerdan que por más alaridos, turbas, escarnios y crucifixiones, la verdad y el bien siempre resucitan…”.
Esa salida del rector se dio en medio de las protestas de docentes por la crisis financiera, sumado a una denuncia formal hecha por estudiantes sobre el extravío del dinero de las matrículas correspondientes al primer semestre del año, tasado en $16.000 millones. Ante esa situación, la vicefiscal general de la Nación, María Paulina Riveros, informó desde Barranquilla sobre la apertura de una investigación penal por las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la Autónoma del Caribe durante la administración de Vargas Lamadrid.
“Hay acusaciones contra el rector, pero formalmente todavía no hay personas imputadas ni acusadas de cometer delitos. Esto justamente es lo que sigue, que la Fiscalía evalúe la incidencia penal de las conductas desplegadas por las personas señaladas. No tenemos ningún señalamiento con incidencia penal”, comunicó la vicefiscal en ese momento.
Los mismos alumnos le explicaron a Riveros que en la matrícula de semestre, la cual se hacía a través de un trámite en la página web, siempre hubo inconvenientes con el portal. Para ellos, ese supuesto daño fue impulsado por los colaboradores de Vargas Lamadrid para que el dinero de los pagos entrara en efectivo.
“En la misma página aparecía una frase: descuentos para pago en efectivo….Eso, además de la página dañada para imprimir el volante de pago de forma virtual, obligaba a cancelar en efectivo”, fue uno de los comentarios que recogió la representante del ente investigador.
Ante eso, docentes también denunciaron: “La plata iba a parar en bolsas negras de basura, el que cobraba la plata la tiraba en una bolsa negra que era vigilada por un escolta. Ese dinero luego era sacado de la universidad para evitar su curso hacia las arcas de la institución”. Según los denunciantes todo el monto fue a parar a los bolsillos de Vargas Lamadrid y sus trabajadores más cercanos.
Casualmente, en las audiencias preliminares que iniciaron el jueves anterior contra los nueve detenidos por los actos de corrupción, la Fiscalía evidenció otro supuesto fraude con el dinero de la institución. La representante del ente señaló ante el juez que uno de los indiciados, en este caso Cindy Paola Solar Vargas, exdirectiva del área de tesorería de la Universidad y prima de Ramsés Vargas Lamadrid, era quien tenía el poder del exrector para realizar “todo trámite bancario y cualquier movimiento de sus cuentas de ahorros...”.
En la vivienda de Solar Vargas, según la autoridad, se encontró documentación bancaria que mostraba movimientos o transferencias en “cuenta No. … por valor de 400 millones con formato transacción en caja de fecha 29 de abril de 2016… un formato de transacción por valor de 395 millones, cuenta por valor de 510 millones con un poder especial para cancelación de CDT suscrito entre Ramsés Vargas y Cindy Paola Solar Vargas”.
Con esa información preliminar, de acuerdo con la Fiscalía, se pretenden demostrar los movimientos que hacía Vargas Lamadrid de dinero de la Universidad Autónoma, aparentemente, de manera ilegal.
Más pérdidas
Paralelo a las indagaciones sobre los desvíos de dineros, las autoridades evalúan qué ocurrió con los bienes que poseía la Universidad Autónoma del Caribe, negociados durante el mandato del exrector. Por ejemplo investigan cuáles fueron las transacciones económicas realizadas con los terrenos del campus deportivo o polideportivo de la Universidad Autónoma del Caribe; los predios ubicados en la calle 87 con carrera 44, y predios de la calle 88 con carrera 47, espacio donde funcionaba el jardín infantil Mi Pequeña Uniautónoma.
En total son 11 hipotecas realizadas durante la gestión de Vargas Lamadrid. Estas operaciones se realizaron con entidades no financieras y dichas hipotecas se encuentran abiertas en primer grado sin límite de cuantía, es decir que se constituyen para garantizar deudas futuras e indeterminadas al momento de otorgarse la respectiva escritura pública. La garantía cubrirá obligaciones futuras independientemente de la cuantía que estas obligaciones alcancen. En esta modalidad de hipoteca debe considerarse que el límite de la garantía será el valor máximo del inmueble hipotecado.
Los activos negociados bajo esta modalidad fueron el terreno de una vivienda ubicada en la calle 99 con carrera 49D–113, barrio Villa Santos; los apartamentos ubicados en la calle 87 con carrera 44 – 77, edificio Sol Caribe, apartamentos 1, 2b, 3a, 4a, 4b; estos terrenos de acuerdo a los documentos recopilados por investigadores fueron hipotecados a B & V comunicaciones estratégicas S.A.S, empresa dedicada a actividades de consultoría de gestión y constituida en el año 2013.
Dentro de esta misma modalidad, la universidad hipotecó durante la administración de Vargas Lamadrid dos terrenos ubicados en la calle 88 con carrera 47 -104 y 118. Estos negocios se hicieron con el grupo Inversiones Agropecuarias de la Costa.
En el caso del Polideportivo de 14 hectáreas ubicado vía a Puerto Colombia, Vargas Lamadrid hipotecó el complejo a la empresa Juriservir S.A.S. con sede en Santa Marta. Sobre esta hipoteca investigadores encontraron una obligación por parte de la Universidad con este grupo inversor, se trata de un acuerdo de pago por la suma de $4.044.634.969 por el concepto de préstamo.
Otra modalidad de hipoteca utilizada por Vargas Lamadrid en acuerdo con la Sala General de la institución es la compra–venta con pacto de retroventa del terreno ubicado en la carrera 49C No. 88 - 56 con la empresa Inversiones Los Girasoles S.A.S. Esta operación consistió en una hipoteca que si en un determinado plazo no se cancela el valor solicitado, se corre el riesgo de perder la propiedad.
Otra de las situaciones que investiga la Fiscalía es el cierre de la sede de la UAC en la ciudad de Miami, Estados Unidos, que para inicios de 2018 entró en proceso de cierre y liquidación.
Aún es una incógnita además los destinos de los dineros producto de la venta de la ficha en segunda división del equipo Uniautónoma Fútbol Club, y las ganancias por venta de jugadores.
Así como un convenio con el Sena por $12.000 millones.
Rafael Pacheco Vega, abogado que representa los intereses de la universidad en audiencias preliminares contra los 9 capturados por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, señaló a EL HERALDO: “Aún es muy temprano para hablar acerca de las pérdidas de la universidad sufridas durante la administración Vargas Lamadrid. Es importante la investigación que realiza la justicia. Durante la audiencia de legalización de allanamiento y capturas, los defensores de los procesados pidieron ilegalidad del procedimiento porque según ellos la Fiscalía rebasó el límite de 36 horas para legalizar el operativo de aprehensión. Sin embargo, el juez ponderó que no era así y decretó su legalidad. “Estamos esperando la imputación de cargos que será el próximo miércoles”, puntualizó el defensor de los intereses de la Universidad.
