Legalizan captura de policías por acceso carnal violento
Los detenidos entraron a la sala de audiencias con sus rostros cubiertos y algunos familiares se tornaron violentos con los medios de comunicación
En el Centro de Servicios Judiciales, el juez promiscuo penal municipal con funciones de control de garantías de Juan de Acosta legalizó el operativo de captura de los expolicías implicados en un presunto abuso sexual a una menor de edad ocurrido el 25 de marzo.
Los procesados Luis Miguel Canedo y Andreis Rafael Juliao fueron presentados por el delegado de la Fiscalía 26 seccional Caivas para que respondan por los delitos de acceso carnal violento.
Los detenidos entraron a la sala de audiencias con sus rostros cubiertos y algunos familiares se tornaron violentos con los medios de comunicación
De acuerdo con la Fiscalía los hechos ocurrieron el 25 de marzo en la madrugada en la avenida Circunvalar a la altura del parque industrial Caribe Verde, cuando una menor de 17 años se movilizaba con un amigo en una motocicleta, los dos uniformados los interceptaron y les exigieron documentación del vehículo de dos ruedas.
El muchacho reconoció a las autoridades que no tenía los documentos del vehículo, de acuerdo con la denuncia que reposa en la Fiscalía, los uniformados le dicen al joven “vete, vete que a ella la vamos a llevar a la UPJ”, refiriéndose a la menor de 17 años.
Al parecer el joven se marcha del sitio, “mientras que los policías se llevan a la menor a una zona enmontada y allá le dicen que se deje requisar, la mujer dice que no porque quien la debe requisar es una mujer; los uniformados insisten y le dicen “ah estas muy alzada”, ella dice que llamen a sus papás y ella se deja requisar, de lo contrario no, según lo consignado en la denuncia por las víctimas.
“Los uniformados le exigen a la menor que les debe practicar sexo oral, la someten enseñándole el arma de fuego”, explicó a EL HERALDO la fuente judicial cercana al caso.
La menor víctima de los policías interpuso al día siguiente una denuncia en la URI de la Fiscalía, sin embargo, días después los uniformados fueron a la vivienda de la menor para entregarles dinero para comprar su silencio, acto que según el documento fue rechazado por los familiares de la menor.
