“La pistola Glock es de Aida Merlano y tiene salvoconducto”: Defensa
En la audiencia de legalización de captura, abogados de los cinco detenidos tratan de controvertir lo expresado por la Fiscalía. La defensa explica procedencia de las armas y señala que sí tienen salvoconducto.
En la audiencia de legalización de captura, la Fiscalía recordó el número de armas de fuego que se encontraban en el domicilio usado como comando político por la senadora electa Aida Merlano una vez fue allanado el domingo anterior.
Horas antes se realizó la legalización del allanamiento a la vivienda, el cual fue avalado por el Juez Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla Alberto Oyaga Machado.
La Fiscalía señaló que fueron decomisadas una pistola calibre 9 milímetros, de fabricación austriaca y marca Glock; una escopeta calibre 12 marca Mossberg; un revólver calibre 38 y otro más calibre 32. De ninguna de las armas, de acuerdo a lo que había indicado el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, se tenía salvoconducto.
Sin embargo, los abogados dijeron en la diligencia que la pistola Glock es de Aida Merlano y que tiene salvoconducto; la escopeta y el revólver calibre 38 pertenecen al vigilante de la jornada nocturna, que tiene salvoconducto para el revólver y la escopeta se la regaló un hombre que murió.
Sobre el otro revólver, calibre 32, había sido despojado a una persona que entró armada al comando ese domingo y que el vigilante diurno le decomisó.
De esta forma, la defensa trató de justificar la existencia de armas en el comando político.
Plazo excedido
Las 3 horas que demoraron en llevar a los cinco capturados desde el comando de la campaña de Aida Merlano hasta la URI, es uno de las fichas claves que se juega la defensa en búsqueda de que el juez decrete ilegal las capturas.
Según los abogados defensores Noé Gómez, Romeo Pérez, Carlos Jiménez y Hernán Varón que se haya irrespetado la línea de tiempo en las detenciones de sus defendidos judiciales, ya que les leyeron sus derechos a las 12:45 de la madrugada del lunes 12 de marzo y que sólo hayan sido presentados en la URI a las 3:45 a.m. “no tiene justificación, pues las calles se encontraban vacías por la hora”.
Por su parte, la fiscal 17 contra delitos de la seguridad pública afirmó que la demora se debe a lo complicada y extensa que fue la diligencia de allanamiento que se llevó a cabo desde las 4:20 de la tarde del 11 de marzo, domingo de elecciones, hasta la 1:45 de la madrugada siguiente.
