Juez ratifica la libertad para siete políticos del caso de Aida Merlano
Los procesados seguirán vinculados a la investigación del escándalo en la compra de votos de las elecciones del 2018. Además les fue revocada la medida de prohibición de salida del país.
La tarde de ayer, el juez Sexto Penal del Circuito con funciones de conocimiento decidió mantener en libertad, pero ligados al proceso, a los siete políticos locales (dos diputados, dos concejales, dos exconcejales y una excandidata a la Cámara) investigados por su presunta participación en la compra masiva de votos para favorecer a la exsenadora prófuga Aida Merlano Rebolledo.
Por lo tanto, la decisión confirma lo ordenado en primera instancia en el sentido de no imponer una medida privativa de la libertad en contra de los procesados: los diputados Margarita Balén y Jorge Rangel, los concejales Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora Callejas, el exconcejal de Barranquilla Aissar Castro Reyes y el exconcejal de Soledad Vicente Támara Chamorro.
De igual manera el juez revocó la medida de prohibición de salida del país a los procesados. El togado también consideró que “no hay inferencia razonable” de autoría en el sonado caso de corrupción electoral.
Librada
En la diligencia el juez, de igual manera, se abstuvo de imponer medida alguna contra la excandidata a la Cámara de Representantes Lilibeth Llinás.
La diligencia se desarrolló en dos partes. En horas de la mañana el juez escuchó los alegatos de la Procuraduría, Fiscalía y defensa con respecto a la solicitud de revocar la libertad condicional de los procesados.
En horas de la tarde el juez inició su intervención señalando que con respecto al delito de concierto para delinquir por el que se acusa a los políticos “debe haber una gradualidad”, debido a que no es lo mismo “concertar un homicidio o secuestro a realizar lo mismo para una compra de votos”.
El juez anterior, infirió el togado, no consideró que en el caso de los procesados hubiese “peligro de reincidencia del delito ni que puedan obstruir a la justicia”.
El proceso. En agosto de 2018 la Fiscalía mostró material probatorio que involucra a los imputados en maniobras de obstrucción a la justicia.
Dentro del material fueron escuchados audios que denotan la suscripción de contratos, solicitados por algunos concejales y personas de la organización de Aida Merlano como pago por sus servicios a la “empresa” creada para la compra de votos.
Según la Fiscalía, los siete políticos investigados presionaban a líderes y votantes para que no comparecieran a las citaciones del CTI de la Fiscalía o que faltaran a la verdad a la hora de ser interrogados.
