Juez desestimó enriquecimiento ilícito en caso de Ramsés Vargas
En audiencia de apelación, el juez del circuito señaló las razones por las cuales cambió la medida de aseguramiento del exrector y resto de procesados.
Una de las consideraciones que tuvo el juez del circuito con función de conocimiento, Farid West, para sustituirle la medida de detención intramural a Ramsés Vargas y al resto de exempleados de la Uniautónoma capturados por presunta corrupción en el centro educativo, fue no encontrar “fundamento para la configuración del delito de concierto para delinquir”, en el proceso que adelanta la Fiscalía en contra de los individuos.
En la audiencia de apelación llevada a cabo el miércoles en el Centro de Servicios Judiciales y en la que estaban citados los procesados, el juez West consideró que “el delito de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito que le fue imputado a los procesados se debe desestimar porque en el análisis hecho por los peritos de la Fiscalía a los balances y registros de las finanzas de la universidad dicen que no se sabe a dónde fueron a parar más de 900 millones de pesos por concepto de matrículas.
Sin embargo, en el material que se presenta en la investigación por parte de la Fiscalía se encuentra que $400 millones fueron a parar a cuentas bancarias de la universidad y el resto fue para pagos a terceros; entonces solo se desconoce el destino de $30 millones”, explicó el juez.
Así mismo, este señaló que “el delito de concierto para delinquir fue la base de la decisión del juez de primera instancia para otorgar medida de aseguramiento intramuros a los investigados; sin embargo, este despacho al no encontrar fundamento para la configuración de este delito se debe hacer cambio a las medidas de aseguramiento porque el resto de delitos como corrupción privada, administración desleal, falsedad en documento privado y estafa son delitos excarcelables”, explicó.
En ese sentido, obtuvieron detención domiciliaria Mariano Romero Ochoa, Jesús Pantoja Mercado, Efraín Maldonado Palma, Pedro Sierra García y Ramsés Vargas Lamadrid y libertad inmediata para Yesenny Morales Magdaniel, Cindy Solar Vargas y Johanna Hillembrand Royo.
Ayer, la Universidad Autónoma del Caribe se pronunció ante la decisión del juez por medio de un comunicado de prensa.
Así las cosas, “el 26 de agosto del presente año continuará el proceso dando inicio a la etapa del juicio contra todos los procesados, incluyendo a la señora Yesenny Morales Magdaniel. Esta etapa, que inicia con la audiencia de acusación, es el escenario propicio en el cual la Fiscalía presentará los elementos materiales probatorios que tiene a su disposición y la Universidad, igualmente, aportará todas las evidencias que tiene en su poder y que son necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Lo anterior de acuerdo con el procedimiento que la normatividad penal vigente establece”.
CTI de la Fiscalía y Policía Militar capturan nuevamente a Silvia Gette
El CTI de la Fiscalía detuvo ayer a la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette Ponce, en cumplimiento a una orden del juez 11 Penal del Circuito que le impuso una condena por el delito de abuso de confianza en manejo contable del centro educativo.
El pasado 29 de mayo, Gette Ponce fue condenada a nueve años de prisión al hallarla penalmente responsable del delito de abuso de confianza calificado y agravado, en relación a un autopréstamo de un millón de dólares pertenecientes a las arcas de la universidad. Sin embargo, su traslado no se había cumplido y la exrectora permanecía en su domicilio.
Funcionarios del Inpec habían explicado, en diálogo con EL HERALDO, que como Gette ya tenía una condena inicial de 6 años y cinco meses por otro proceso y con un juez diferente, había que esperar que quien le otorgó la prisión domiciliaria se pronunciara para proceder, pues no se le podían aplicar dos medidas al tiempo. En ese sentido, el director seccional de Fiscalías, Rodrigo Restrepo, comunicó a esta casa periodística que luego del traslado de la exrectora a la URI de la Fiscalía, ahora ella debe ir a una audiencia de “legalización de captura” y, posterior a ello, sí pasará a un centro carcelario, que será, por decisión del Inpec, la cárcel El Buen Pastor.
