El Heraldo
Fachada de la Penitenciaría de El Bosque. Archivo EL HERALDO
Judicial

Investigan otro supuesto traslado irregular de recluso de la Penitenciaría del Bosque

El interno fue trasladado a la cárcel de Riohacha sin la autorización del Inpec, en Bogotá. Este es el tercer caso conocido por este medio en menos de tres meses. 

Otro caso de presunta corrupción se habría registrado en el interior del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

EL HERALDO conoció que el pasado 20 de mayo, a las 4:45 de la mañana se hizo el traslado desde la Penitenciaría de El Bosque de Barranquilla del interno César Enrique Moscote Pimienta, a la cárcel de Riohacha, mediante la resolución número 000371.

Moscote Pimienta registra una condena de 9 años de prisión por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones de julio de 2011 y una por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes de mayo de 2012. Ambos procesos son llevados por jueces de ejecución de penas de Riohacha.

La presunta irregularidad que se registró en el traslado del interno Moscote Pimienta, oriundo de Dibulla, La Guajira, se debió a que los movimientos de internos de una ciudad a otra son autorizados únicamente por el Inpec, en una junta de traslados que se realiza en Bogotá, los cuales son aprobados mediante resoluciones.

En el caso en mención, el traslado del interno César Enrique Moscote Pimienta se habría presentado, sin el conocimiento, sin la autorización y sin la resolución de la junta de traslados del Inpec en Bogotá, razón por la cual una vez Moscote Pimienta llegó al establecimiento de reclusión de Riohacha, los funcionarios encargados de recibirlo, no le permitieron el ingreso debido a que no tenía la resolución emitida por el Inpec en Bogotá, sino una de la Penitenciaría de El Bosque.

En dicho documento se ordena el traslado de Moscote Pimienta por parte del teniente Giovanni Gamboa Barbosa, quien fungía como director del establecimiento de reclusión, sin embargo no se especifica si era en calidad de encargado, ya que su cargo actual es el de comandante de vigilancia del penal.

El argumento del teniente Gamboa para ordenar el traslado del interno a la cárcel de Riohacha es porque hace dos meses “ha recibido amenazas por parte de reclusos que no se han identificado”.

Por este nuevo hecho de presunta corrupción, la oficina de comunicaciones del Inpec en Bogotá señaló que se pasó la información a la Dirección de Seguridad de la entidad y que están a la espera que investiguen el caso, reiterando que todos los movimientos de internos se hacen mediante junta de traslados con resolución emitida por el Inpec en Bogotá.

Casos similares

El pasado 9 de mayo el interno Alberto José Gómez Barliza, alias el Samario, fue trasladado desde la cárcel Modelo de Barranquilla a su lugar de residencia en Santa Marta, en un vehículo particular marca Chevrolet Optra, de placas KJI 656 de propiedad de uno de sus familiares.

El dragoneante Alexander López Moreno denunció el hecho, quien dijo que el procedimiento irregular que se hizo fue por parte del teniente Jesner Lucumí Cobo, comandante de vigilancia del establecimiento carcelario.

Días antes, el 19 de abril, el interno Jorge Eliécer Tapia Tapia se encontraba recluido en una clínica de la ciudad, de donde fue recogido en un vehículo marca Ford, de propiedad del teniente Jesner Lucumí Lobo, comandante de vigilancia del establecimiento carcelario, y trasladado al penal.

Posteriormente, el interno fue trasladado en el mismo vehículo hasta el establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Valledupar, mediante resolución número 307-00219.

Ambos casos están siendo investigados por la Procuraduría regional del Atlántico.

Piden idoneidad

A raíz de los recientes hechos de presunta corrupción registrados en los establecimientos carcelarios de la Modelo y la Penitenciaría de El Bosque de Barranquilla, Milton Aníbal, miembro del sindicato del Inpec, UTP, se pronunció al respeto sobre los hechos.

“El sindicato pide idoneidad y experiencia en la administración de las cárceles de Barranquilla; necesitamos funcionarios que quieran la institución y no busquen llenar sus bolsillos de dineros mal habidos. Igualmente que la Dirección General del Inpec valore las denuncias y haya eficacia: si el Inpec no puede,  la Procuraduría debe intervenir”.

 

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