Imputan cargos a dos fiscales por lío de tierras en Repelón
Entregaron títulos judiciales por valor de $199 millones. Los funcionarios judiciales trabajan en Sabanalarga.
El Fiscal Cuarto delegado ante el Tribunal Superior de Barranquilla le imputó ayer los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, cohecho propio, prevaricato por acción y prevaricato por omisión al fiscal primero seccional de Sabanalarga, Wilmer Orozco Gómez.
En tanto que al fiscal seccional coordinador José Humberto Pardo Rivera, también de Sabanalarga, le imputó los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción en calidad de coautor.
Los funcionarios judiciales fueron presentados ayer ante el Juez Décimo Penal Municipal, señalados de apropiarse, presuntamente y en compañía de unos abogados, de $199.649.290, dinero que estaba depositado en siete títulos judiciales, relacionados con la mina de arena de 42 hectáreas La Juana, la cual está ubicada en el municipio de Repelón.
De acuerdo con Limber Plaza, abogado de víctimas, el terreno se encuentra en pleito jurídico desde 2012 por parte de los herederos de los dueños de la tierra, y por una sobrina de estos.
Esta última, según el abogado Plaza, se apropió fraudulentamente de las tierras mediante “algunas maniobras” que realizó para posteriormente arrendarla a una empresa, dinero que recibía mensualmente.
Los herederos la denunciaron penalmente en la Fiscalía, proceso que le correspondió al fiscal primero seccional de ese entonces, quien de inmediato realizó unas medidas cautelares de secuestro y embargo de los dineros.
“A partir de ese momento ya el arrendatario no pagaba a la anterior supuesta propietaria sino que empezó a consignar en la cuenta de la Fiscalía estos dineros que estaban en cautela y que no son de nadie en particular hasta tanto no se defina quién tiene la razón no se entregan, sin embargo, el fiscal Wilmar Gómez hizo entrega de los casi 200 millones”, dijo el abogado.
Sin medida
El abogado Érick Del Portillo, defensor del fiscal Wilmer Gómez, indicó que son unos hechos que se vienen investigando desde 2012 a raíz de una serie de presuntas irregularidades por un proceso de tierras en el que asegura se adulteraron unos documentos como poderes y escrituras.
“Esos dineros estaban en calidad de depósito judicial y los abogados acreditaron el poder de algunas familias que tenían ese derecho y abusaron de la buena fe del delegado de la Fiscalía para que procediera a la entrega de esos títulos, y posterior a la entrega de esos títulos se presentaron otros herederos para reclamar lo mismo, quienes denunciaron a los dos fiscales”, manifestó Del Portillo.
La Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento para los representantes del ente investigador por no presentar peligro para la comunidad y no tener antecedentes judiciales.
