El efecto de la migración en la seguridad: ¿percepción o realidad?
Analistas del fenómeno migratorio señalan que la falta de cifras hace “imposible” determinar su incidencia en la criminalidad.
A finales de enero de este año, el crimen del venezolano Hugo Enrique González Rico, en el norte de Barranquilla, fijó un punto de partida para el sustento de una hipótesis que desde hacía un par de años se rumoraba en la ciudad: el fenómeno de la migración estaba elevando las cifras de la criminalidad.
A los pocos días del asesinato, la Policía Metropolitana de Barranquilla a través de sus uniformados de inteligencia determinó que los integrantes de la temida y sanguinaria banda ‘los Melean’ (de origen venezolano) querrían abrirse paso en el área metropolitana de la capital del Atlántico.
La hipótesis parece ganar terreno. En la más reciente alerta temprana para Barranquilla, que trabaja la Defensoría del Pueblo, detalla que se han encontrado características y elementos sobre la aparición de algunas estructuras trasnacionales con un fuerte origen venezolano y que se estarían propagando por el territorio nacional. La información la sustentan con el trabajo que realizan en campo y también de algunas capturas e información de fuerza pública.
“Esta banda está tratando de extender sus nexos hacia otras zonas del país, según lo que hemos indagado, pero estamos pendientes de sus alianzas con bandas locales y de su acomodo en el territorio, especialmente en Medellín y Bogotá”, manifestó a este medio Mateo Gómez Vásquez, defensor delegado para el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
Lo anterior también fue respaldado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien recientemente denunció que bandas venezolanas estarían irrumpiendo en la capital del país y que tendrían nexos con las organizaciones que están haciendo presencia en la zona.
El pasado jueves, Jaime Polanco, asesor de la Gerencia de Fronteras de la Presidencia de la República, durante su intervención en la transmisión ‘Diálogos sobre Seguridad Ciudadana’, que organiza la Universidad el Norte a través del Observatorio del Delito, señaló que si bien hasta ahora no hay cifras que puedan medir el impacto de la migración de la población venezolana en la seguridad ciudadana, se tiene conocimiento, por medio de varios estudios, que las zonas de fronteras son “altamente vulnerables” y “sensibles” a estos fenómenos migratorios.
“Hay bandas de narcotraficantes establecidas que aprovechan la vulnerabilidad de los migrantes. En esas zonas hay elementos preestablecidos con los que probablemente se instrumentalizan a los venezolanos para cometer delitos”, señaló el funcionario al citar varios informes que analizan el impacto de la migración.
No obstante, Polanco indicó que hay delitos en los que los migrantes han tenido una incidencia, como en el hurto a comercio, a personas o el transporte y fabricación de estupefacientes, cuyo objetivo es captar rentas”, señaló el funcionario.
Detalló que la situación que más disgusta a la ciudadanía es el comportamiento de los venezolanos de cara a la convivencia. “La ocupación del uso del espacio público por parte de los migrantes para vender algunos productos es lo que más ha generado incomodidad a las personas”.
“En el primer trimestre de 2020 los venezolanos cometieron 32.988 comportamientos contrarios a la convencía, de los cuales 30% guardan relación con el espacio público porque genera molestia en la comida. De esa cifra 11% ocurrió en Barranquilla”, dijo el funcionario.
Indicó que el 7% de las capturas de personas que se realizan en el país son venezolanos que delinquen por hurto a comercio, a personas o por el transporte y fabricación de estupefacientes.
“La población receptiva siempre tendrá una percepción y reacción negativa de los migrantes, Colombia no es la excepción. Las estadísticas demuestran que la migración no tiene un efecto negativo, hay comportamientos que hay que prestarles atención, pero no hay una relación directa”, señaló Polanco.
El Brookings Institution, en diciembre de 2018, presentó una investigación titulada “Integración de los venezolanos en el mercado laboral colombiano”. En ese estudio los investigadores Dany Bahar, Meagan Dooley y Cindy Huang describieron las principales características de la población de migrantes venezolanos que llegaban al país.
Así las cosas, el estudio tuvo en cuenta las estadísticas anuales de delincuencia recopiladas por la Policía Nacional de Colombia, y encontraron que los venezolanos “cometieron solo el 0.4% de todos los delitos en Colombia en 2018”.
“Por lo tanto, la tasa de criminalidad era más baja que la proporción del total de migrantes venezolanos en Colombia, que era aproximadamente el 2% de la población. En otras palabras, la cantidad de venezolanos que cometían delitos era menor a lo que la proporción de población podría predecir”, manifestó el estudio.
En ese momento, cuando comenzaban a implementarse las políticas públicas por el nuevo gobierno (Iván Duque) los investigadores vaticinaban que el proceso de regularización podría traer consigo una reducción de los delitos cometidos por los migrantes, pues habían analizado estudios realizados en Italia, el Reino Unido y Malasia, donde “encontraron que las tasas de criminalidad se redujeron considerablemente después de que los inmigrantes se integraron en la fuerza laboral”.
Los resultados de esas políticas fueron analizadas por el investigador Juan Sebastián Franco Mora, cuyo trabajo fue publicado por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico y el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, y determinó que aunque la regularización de octubre de 2018 “no presentó efecto para los hurtos y los delitos violentos a nivel agregado, sí pudo haber presentado un efecto pequeño, pero significativo, en la reducción de los hurtos a comercio en los meses posteriores a la política”.
“Estos hallazgos tienen implicaciones relevantes de política pública. En particular, reafirman la importancia de garantizar a los migrantes la posibilidad de generar ingresos para cubrir sus necesidades básicas. Esto podría hacerlos menos susceptibles a ser captados por redes criminales y podría disminuir la probabilidad de que participen en actividades delictivas para conseguir recursos. Adicionalmente, confirman la importancia de las políticas de regularización para mitigar los efectos negativos que la migración acelerada podría llegar a tener”, señala el estudio de Franco Mora.
En julio de este año, la investigadora Ana María Tribín-Uribe en su trabajo de tesis “Migración y Crímenes Violentos: Evidencia de la Frontera Colombia-Venezuela”, determinó que “hubo un aumento” en los homicidios en municipios cercanos a los cinco cruces fronterizos después del cierre y posterior reapertura de la frontera en 2016.
“El aumento de la delincuencia cerca de la frontera alcanzó su nivel más alto durante 2018, cuando tanto la hiperinflación como la migración desde Venezuela también estaban en su apogeo”, señaló el informe, y destacó que esa alza “fue impulsada por crímenes contra venezolanos y víctimas sin registro de nacionalidad”.
Es decir que la motivación de los migrantes para salir de su país se da en razón de la necesidad de subsistir y de mejorar su calidad de vida.
Según la Fundación Ideas para la Paz, en su informe “Seguridad ciudadana y migración venezolana”, señaló que en zonas como Arauca, Vichada y Norte de Santander se está presentando un fenómeno “de reclutamiento de población venezolana” por parte de los actores armados (principalmente las disidencias de las FARC).
El estudio también demostró que la migración también trajo cambios en las dinámicas del trabajo sexual femenino. “En las zonas de frontera se ha incrementado la prostitución y la explotación sexual de mujeres venezolanas, a quienes no se les garantizan las condiciones mínimas de seguridad y salubridad, y son sometidas a extensas jornadas laborales”, aseguró el informe de la fundación.
Gabriel Orozco Restrepo, internacionalista y director del doctorado Sociedad y Cultura Caribe de la Universidad Simón Bolívar, señaló que la situación de la migración venezolana ha sido susceptible de “estigmatización” y “vinculación” a actividades delictivas. “Los indicadores muestran que no hay un grueso de participación de migrantes en actividades delictivas, y los que lo han hecho ha sido a causa de su vulnerabilidad y de su exposición a zonas de microtráfico y rutas ilegales, donde son utilizados por las bandas criminales”, argumenta Orozco.
Para el internacionalista, la migración ha tenido un comportamiento significativo en el ámbito económico con la incorporación de la mano de obra en sectores como la construcción y la manufactura.
“El gran riesgo es la visión estigmatizante de asociar el tema de migración con el crimen organizado, cuando el gran grueso de esa población no tiene una incidencia directa en los delitos, es por ello que las políticas públicas no deben ir solo en la búsqueda de regularizar sus estatus migratorio, sino de generar espacios de integración de los migrantes a la vida económica y social”, sostuvo el experto.
En los últimos 4 años, Colombia ha sido la mayor nación anfitriona de refugiados venezolanos. A corte de hoy la cifra llega a 1.788.000 migrantes, de los cuales casi la mitad está en situación irregular y la mayoría de ellos ingresó por las trochas ubicadas a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera entre ambos países.
