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Vista de una sesión del Concejo de Barranquilla. En la mesa directiva aparecen Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora Calleja, dos de los investigados.

“Concejo de Barranquilla fue usado para sostener organización criminal”: Fiscalía

En audiencias contra los políticos locales involucrados en la investigación ‘Casa Blanca’, la Fiscalía evidenció cómo fue usada la Corporación para contratar a miembros del grupo de Aida Merlano.

El titulo es:“Concejo de Barranquilla fue usado para sostener organización criminal”: Fiscalía

En audiencias contra los políticos locales involucrados en la investigación ‘Casa Blanca’, la Fiscalía evidenció cómo fue usada la Corporación para contratar a miembros del grupo de Aida Merlano.

“A partir del mes de abril, con una mano decían: aquí estoy para comparecer ante la justicia y, con la otra, hacían lo contrario…”. Esta fue una de las contundentes frases que soltó el Fiscal 37 adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción, Joseph Berdugo Jaramillo, en medio de las audiencias preliminares realizadas días atrás contra los siete políticos locales involucrados en la supuesta red de compra de votos para favorecer a la electa senadora Aida Merlano Rebolledo. 

Con eso trató de demostrar el fiscal ante el juez que presidía la diligencia que los ‘alfiles’ de Merlano, Juan Carlos Zamora, Margarita Balén, Aissar Castro Bravo, Aissar Castro Reyes, Jorge Rangel, Lilibeth Llinás y Vicente Támara, buscaban presuntamente obstruir a la justicia con distintas maniobras, con la finalidad de evitar que otras personas comparecieran sobre la detectada “empresa criminal”. Según el ente, ellos acosaban a sus líderes para que contactaran a todos los votantes y evitar así que los vincularan a algún tipo de investigación.

Para ello, según el fiscal del caso, los hoy procesados por corrupción al sufragante y concierto para delinquir agravado habrían incurrido en amenazas de muerte, destrucción de documentos, compra de silencios y de testigos. Esas fueron algunas de las maniobras que la Fiscalía encontró en su camino días después del allanamiento realizado el 11 de marzo en la ‘Casa Blanca’, vivienda que servía como comando político de la campaña de Aida Merlano, hoy asegurada por la Corte Suprema de Justicia en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

Pero además, otro de los escandalosos hallazgos de la Fiscalía en torno a la investigación bautizada ‘Casa Blanca’, fue cómo estas siete personas contrataron a través del Concejo de Barranquilla para mantener activos laboralmente a los integrantes de la organización, recibiendo un sueldo sacado del erario. Es decir, según palabras de los investigadores, “utilizaron recursos del Estado para mantener vigente su empresa criminal”. 

Feria de contratos

Por medio de interceptaciones telefónicas, los investigadores se habían dado cuenta que luego del 11 de marzo los implicados en la investigación habrían estado tratando de maquillar, modificar y destruir los documentos que reposaban en el archivo del Concejo Distrital.

Por esta razón, la autoridad decidió enviar en abril una notificación al Concejo de Barranquilla y la Asamblea, en la que se solicitaba que se pusiera a disposición de la Fiscalía General todo el archivo y documentación de contratos suscritos por los siete procesados desde el año 2009 a la fecha. Esta maniobra obligó a que se prendieran las alarmas de los concejales, diputados y demás vinculados con la operación de compra de votos de la ‘Casa Blanca’, quienes trataron de desaparecer todo lo que los vinculara con Merlano Rebolledo y su campaña al Senado. 

Así lo mostró el fiscal Berdugo en un audio reproducido ante el juez Único con función de garantías adscrito a Bacrim, Ricardo Méndez, en la que se escuchó a Yassira Pérez Asprilla, una presunta líder designada por los ‘políticos coordinadores’ para la compra de votos y contratista del Concejo.

En el audio, que tiene como contexto una visita de Pérez Asprilla al Concejo, esta le manifiesta a un hombre identificado por las autoridades como “Germán” sobre la revisión y modificación de un viejo contrato de 2009 al parecer suscrito entre ella y el exconcejal Jorge Rangel:

Yassira: Estoy acá en el Concejo, ¿vas a bajar?
Germán: ¿Ya hablaste con esta gente?
Yassira: Sí, es que no sé si te acuerdas, el contrato ese que yo de esta gente la otra vez como del 2009 que me faltan unos papeles ahí.
Germán: ¿Con Carlos?
Yassira: Este está con Rangel, se me olvidó y me están diciendo que dónde están mis papeles y que me hace falta… que me faltan unas firmas ahí...
Germán: ¿Tú estas dónde?
Yassira: Aquí en el Concejo.
Germán: ¿Qué haces ahí?
Yassira: Revisando unos papeles de lo que te dije…
Germán: ¿No habías terminado?
Yassira: No porque hay unas hojas que las voy a cambiar…
Germán: Mmm… voy a llegar allá al Centro a pagar la vaina esa
Yassira: ¿Si? Entonces te espero.
Germán: Bueno sí, ¿cuánto te demoras allí?
Yassira: No sé…

De acuerdo con la sustentación de la Fiscalía, lo que pretendía hacer Yassira Pérez era reemplazar 3 hojas de aquel viejo contrato para aparentemente “subsanar una realidad” y evitar que Jorge Rangel fuera investigado. 

“El contrato al que se hace referencia en el audio anterior es un contrato suscrito con el exconcejal y hoy diputado Rangel, del año 2009, y la persona que se encuentra modificando dichos documentos hace parte de la organización de la ‘Casa Blanca’”, sostuvo el fiscal Berdugo Jaramillo en medio de las diligencias.

Sin embargo, de acuerdo con el ente acusador, se encontraron 49 contratos más por prestación de servicios otorgados a dedo a personal administrativo de la ‘Casa Blanca’. Con estos contratos, que supuestamente nunca fueron materializados y que tuvieron un valor total de 735 millones de pesos, los investigadores judiciales detectaron la presunta apropiación de recursos del Estado hecha por los políticos y su organización.

“En una inspección a las oficinas del Concejo el 9 de abril, encontramos cómo se otorgaron contratos de prestación de servicios. Se hace referencia a unos 49 contratos otorgados a dedo a personal administrativo de la ‘Casa Blanca,’ contratos con valor de 735 millones de pesos, es decir se apropiaron de más de 700 millones de pesos destinados a la prestación de servicios del Concejo”, leyó el fiscal.

En el caso de Sara Luz Jiménez Otálvarez, empleada de confianza de Merlano y hoy recluida en el Buen Pastor de Bogotá, tenía 4 contratos con el Concejo de Barranquilla por prestación de servicios y una adición. Estas prestaciones fueron suscritas con los concejales Aissar Castro Bravo, Juan Carlos Zamora y Carlos Rojano Llinás (expareja de Aida Merlano Rebolledo). Además de otros 2 contratos con Luis Alberto Zapata Donado que fueron suscritos durante 2015, 2016, 2017, 2018, y un contrato de prestación de servicios de 2014.

Yassira Pérez Asprilla tuvo 4 contratos, unos por 17 millones de pesos de 2018, otros dos por $15 millones suscritos en 2017, los cuales convino con los concejales Juan Carlos Zamora y Aissar Castro Bravo.

Yajaira Coromoto Calle acordó un contrato por 17 millones de pesos con Zamora Calleja y un contrato por $18 millones con Aissar Castro Bravo.

Diana María Hernández, una líder de la organización, convino 3 contratos con Zamora Calleja, Aissar Castro Bravo, y Carlos Rojano Llinás.

Anderson Yao Porras, José Garibaldi, Nayibe Rodríguez, Frank Parra, Kevin Sarmiento, Andrés Iván Niño, Everlyn Carolina Díaz Díaz, tienen 4 contratos cada uno, que suman más de 150 millones de pesos para los años 2016 y 2018.
El gerente de la Campaña Merlano Senadora, Edwin Martínez Salas, tenía un total de 7 contratos por 180 millones de pesos suscritos con Carlos Rojano Llinás, y “actualmente tenía uno con la Cámara de Representantes para el despacho de Aida Merlano”, leyó el fiscal Berdugo, en la lista de algunos nombres de la nómina encontrada en los archivos del Concejo y que coinciden con los nombres encontrados en los computadores incautados en la ‘Casa Blanca’. 

“¿Será que trabajaban en el comando de Merlano en la mañana y en el Concejo por la tarde?”, cuestionó el fiscal.

Los siete políticos locales, hoy procesados por corrupción al sufragante y concierto para delinquir.
Los siete políticos locales, hoy procesados por corrupción al sufragante y concierto para delinquir. JOSEFINA VILLARREAL Y LUIS FELIPE DE LA HOZ

“No hacía nada”

La Fiscalía señaló en torno a lo investigado que no se tenía claridad si los contratos eran justificados con informes ficticios o si realmente eran producto de un servicio prestado al Concejo de Barranquilla. 

De esta manera, el ente informó sobre unas citaciones para interrogar a los involucrados en el sonado caso de compra de votos, entre esas una realizada el 19 de abril a una líder, quien figura en 4 contratos con el Concejo.

En la diligencia, el ente preguntó: Usted señaló que tuvo relación con el Concejo Distrital de Barranquilla, especifique desde qué año…

Interrogada: Desde el mes de enero de 2017 no he trabajado con ningún concejal…
Fiscalía: Explique su función…
Interrogada: Mi jefe era la persona encargada, pero no me acuerdo, en la unidad de apoyo colaboraba con la parte administrativa, contestar llamadas y elaborar cartas, estábamos a disposición de Juan Carlos Zamora…
Fiscalía: ¿Qué documentos debía entregar para que le pagaran su salario?
Interrogada: No yo no pasaba ningún documento…
Fiscalía: ¿Usted entregaba informes, quién los avalaba?
Interrogada: No, yo no entregaba nada…

En la inspección que hizo la Fiscalía al Concejo,  el ente investigador encontró unos informes de entrega de productos, muy a pesar de que la interrogada señaló que no entregaba nada. 

“O la señora interrogada nos está diciendo mentiras… O alguien de la organización criminal le alteraba o le hacía los informes para presentar el pago. Según ella, pese a trabajar en el Concejo por 2 años, no recuerda quién era su jefe. 

¿Serán contratos de papel?”, volvió a cuestionar el investigador. 

El fiscal del caso sostiene las carpetas del proceso con más de 300 páginas de información.
El fiscal del caso sostiene las carpetas del proceso con más de 300 páginas de información. JOSEFINA VILLARREAL Y LUIS FELIPE DE LA HOZ

Hermanos Jiménez

De acuerdo con lo analizado por la Fiscalía, Sara Luz Jiménez Otálvarez sería la persona designada por Aida Merlano y los siete políticos implicados para que contactara a líderes y votantes con el objetivo de que cambiaran su versión sobre lo sucedido en la ‘Casa Blanca’ durante la campaña de ‘Merlano Senadora’.

Sara Luz fue capturada con su hermano el abogado Carlos Jiménez en Barranquilla en el mes de mayo y, posteriormente, ambos fueron trasladados a la capital del país. 

Durante el operativo de captura, investigadores del CTI incautaron el teléfono de la mujer y encontraron varios chats de WhatsApp, en los cuales ella buscaba con desesperación comprar el silencio de toda la organización de compra de votos o, de ser posible, instruir por medio de su hermano a los citados ante la corte para que dijeran que el voto por Aida Merlano se trataba de un “voto social” y no de una compra por 50.000 pesos.

Una de estas conversaciones fue sostenida por Sara Luz con una mujer llamada Rosalba, fechada el 12 de abril de 2018: 

Sara Luz: Te comento, de las 12 personas que cita la Corte Suprema para interrogar está tu sobrina Daniela y Ana Niebles, por favor infórmale a tu sobrina que hoy debe ir a esta dirección (cra. 71 No 94-23 edificio Altos del Parque, Villa Carolina), es la dirección de mi hermano el abogado, él le va a hacer unas preguntas…
Rosalba: ¡Ay Dios!, nena pero llámala, pues ella estuvo ahí el día del allanamiento en el comando, ella no le han dicho nada, no sabía que era ella y Rusbell no está…
Sara Luz: Es que es sobre la respuesta de la Corte sobre la orden de captura de Aida, ahí la relacionan a ella para interrogarla sobre la función que ejercía ella en el comando.
Rosalba: Pero nena llámala tú y explícale… ¿y con Anita cómo se hace?, porque ella está allá en Bogotá…

“Acá se observa cómo la organización criminal trata de obstruir a la justicia, contacta a todas las personas que están siendo citadas ante las autoridades para decirles que cómo deben decir en aras de que no se sepa la verdad”, sostuvo el fiscal del caso.

Por otro lado, para poder desentramar la presunta organización de compra de votos, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia se valieron del testimonio de Francisco Palencia Borrero, uno de los líderes designados por los políticos coordinadores para la compra de votos.

Palencia declaró ante la Corte Suprema: “Sara Luz Jiménez me dijo que me iba a llevar a donde un abogado, quien era quien nos iba a representar, que iba a decir todo lo que teníamos que decir en caso de que fuéramos llamados por la Fiscalía, ya que agentes del CTI estaban visitando a los líderes, ese abogado se llama Carlos Jiménez, hermano de Sara Jiménez. Adicionalmente me señaló que había que romper y deshacerme de todos los documentos que tuviera en mi casa que pudieran ser incriminatorios… Por ejemplo, me pidió que le entregara copia del acta de pago a los votantes que yo tenía planillados, que era urgente y me citó para dos horas después de esa llamada…”, leyó el fiscal sobre el testimonio de Palencia ante el Alto Tribunal.

Sobre aquella reunión que tuvo minutos después de ser recogido, Palencia dijo lo siguiente al Alto Tribunal: “Me obligó a suscribir una declaración manifestando que yo era un líder social y me obligó destruir material de trabajo de la organización criminal”. 

Luego de leer este testimonio, el delegado del ente investigador explicó que días posteriores a ese encuentro Francisco Palencia asistió al apartamento de Carlos Jiménez en Villa Carolina y la Fiscalía corroboró que ese era uno de los lugares donde llevaban a los líderes.

“Cuando llegó a ese apartamento fue abordado por Carlos Jiménez, quien portando un arma de fuego la puso encima del expediente y le dijo: estos son los documentos que tiene que firmar”. 

Para la Fiscalía se trató de “una amenaza indirecta para que este manifestara circunstancias contrarias a la realidad, hecho que sí ocurrió, ya que el testigo firmó una declaración expuesta en audiencia por el señor abogado Carlos Jiménez. Dicha declaración decía que se trataba de líderes sociales, pero ya vemos cómo fue obtenida la declaración por la organización criminal”.

Otro hecho que narró la Fiscalía en diligencia es que el día en que Palencia iba a rendir testimonio ante la Corte Suprema de Justicia recibió una llamada de un abonado telefónico desconocido. En esta llamada se realizaron amenazas respecto a la declaración que minutos antes iba a dar al Tribunal Supremo. 

Desconocido: Quiubo mi hermano, ¿cómo estás?
Francisco Palencia: ¿Quién habla?
Desconocido: Oiga, cuidado con abrir la boquita ¿oyó?
Palencia: ¿Quién habla?
Desconocido: Ya sabemos por donde anda ¿oyó?, no le voy a dar mi número porque usted sabe quien le habla, ya sabemos donde anda, cuidado con abrir esa boquita porque sabe como es, yo te tengo ubicado y sabemos donde anda, ya sabe huevón... cuidadito con abrir la boca, cuidadito…
Palencia: ¿Quién habla ahí?, hey… ¿aló?
Desconocido: Sí huevón, no se las tire de huevón oyó… póngase a jugar con candela pa’ que vea usted que se quema oyó…
Palencia: Papi, ya te voy a colgar… Si no me dices quién habla ahí te cuelgo mi hermano, así que suerte papá…

Para el fiscal Joseph Berdugo Jaramillo, el audio es muy diciente, “se trató de un testigo protegido por la Corte Suprema y las manifestaciones del interlocutor son bastante claras”.

El 27 de agosto continuarán las audiencias preliminares contra los imputados. En esta ocasión será el turno de la bancada de los políticos de controvertir  ante el juez Ricardo Méndez, el posible material probatorio presentado por el ente acusador. 

Se espera que luego de la intervención de la defensa, el juez Penal Municipal adscrito a Bacrim tome la decisión de cobijar o no con medida de aseguramiento intramural a los procesados.

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