Comienza reconstrucción de expedientes del caso Acosta
Corte Suprema de Justicia confirmó fallo que rechaza tutela de Jorge Hernández Cassis en el marco del proceso por el control de la Fundación Acosta Bende, la Universidad Metropolitana y el hospital.
Hoy, en el Juzgado 16 del Circuito, comenzará la reconstrucción de los dos expedientes perdidos en el marco del proceso por el dominio de la Fundación Acosta Bendek, que controla la Universidad Metropolitana y el hospital de esta institución de enseñanza superior.
Del juzgado civil, ubicado en el piso 12 del edificio Las Flores, calle 40 entre carreras 43 y 44, ‘desapareció’ un expediente relacionado con el restablecimiento de derechos de Ivonne Acosta Acero como vicepresidenta vitalicia de la Fundación Acosta Bendek y otro que busca dejar sin efectos el Acta 112 del 1 de julio de 2016, en la que el Consejo Directivo de la Fundación destituyó al rector Carlos Jaller Raad para designar en dicho cargo a Alberto Acosta Pérez, lo que en su momento obtuvo el reconocimiento del Ministerio de Educación, y que hoy se convierte en el sustento para la rectoría que ocupa desde enero de este año el médico internista Juan José Acosta Osío.
La reconstrucción de los expedientes empezará a cumplirse en la tarde de hoy, un día después de que se conociera a la luz pública que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, con ponencia del magistrado Rigoberto Echeverri Bueno, confirmó el fallo de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, en el sentido de rechazar la tutela presentada por el ingeniero mecánico Jorge Hernández Cassis, quien aspiraba a ser reconocido como rector de la Universidad Metropolitana.
Se trata de un nuevo capítulo en la batalla judicial por el control de la Fundación, y por ende de la universidad y el hospital, que se intensificó tras la muerte del fundador de esta, Gabriel Acosta Bendek, en agosto de 2014.
El fallo de la Corte Suprema argumenta que Hernández Cassis “debió exponer su inconformidad ante las autoridades competentes”, empero, como no demostró haber ejercido tales actuaciones, “se concluye que la acción de tutela es improcedente”. Y agrega: “El amparo solo resulta admisible cuando se evidencie que, a pesar de existir otro medio judicial ordinario de defensa, este se aprecie ineficaz, consideración que no se advierte en este caso, como tampoco se observa que el accionante se encuentre en presencia de un perjuicio irremediable”.
La Sala Laboral del Tribunal Superior consideró que la vía de tutela no es procedente para dirimir los actos de elección de los rectores de las instituciones, por lo que el juez de tutela no podía entrar a suplir al juez natural en la resolución de dicha controversia. Ese “juez natural” es precisamente el que lleva los procesos cuyos expedientes comenzarán a ser reconstruidos desde hoy.
Hernández Cassis había sido nombrado rector y representante legal de la Universidad Metropolitana por un Consejo Directivo favorable a Ivonne Acosta Acero en sesión del 11 de noviembre de 2016, lo que no fue aceptado por el Ministerio de Educación.
La Universidad Metropolitana, a través de la apoderada del Consejo Directivo, argumentó que el Acta 112 del 1 de julio de 2016 fue suscrita con el lleno de las formalidades legales y estatutarias, y que el rector de entonces, Carlos Jaller Raad, fue destituido y denunciado ante la Fiscalía por procesos de contratación.
La batalla jurídica por el control de la Fundación enfrenta a dos ramas de la familia Acosta. Por un lado, Alberto Acosta Pérez, como hijo de Gabriel Acosta Bendek, así como los otros herederos de los tres fundadores: Eduardo, Jacobo y Alfonso Acosta Bendek. Y por el otro, Ivonne Acosta, única hija del matrimonio conformado por Gabriel Acosta Bendek y Sofía Acero de Acosta Bendek, quienes dieron origen a la Fundación.
En el marco de esta disputa, la Fiscalía General presentó la solicitud de audiencia ante un juez de garantías para imputarles cargos a Luis Fernando Acosta Osío, Juan José Acosta Osío (actual rector del alma mater), Eduardo Acosta Bendek, María Cecilia Acosta Moreno, Alberto Acosta Pérez y Gina Eugenia Díaz Buelvas, por la presunta comisión de los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento privado y obtención de documento público falso.
Por Juan Alejandro Tapia
