El Heraldo
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, se dirige a los congresistas en el debate. Johnny Hoyos
Política

Bancada Caribe espera que Duque no objete la Ley de Regiones

Los congresistas señalan que lo aprobado es un mandato constitucional y que el aval en el Congreso fue mayoritario.

La Bancada Caribe del Congreso, una vez aprobada el pasado miércoles en último debate la Ley de Regiones, lo que espera es que el proyecto no sea objetado por el presidente Iván Duque, quien pudiera seguir la misma línea trazada por el concepto negativo que emitiera hace un par de meses el Ministerio de Hacienda frente a la iniciativa, aduciendo un eventual impacto fiscal.

Al respecto, el representante cordobés de La U, Erasmo Zuleta, le dijo a EL HERALDO que no cree que el jefe de Estado le ponga peros al articulado de descentralización.

"Las objeciones se presentaron al iniciar el debate y se creó una subcomisión que le dio mayor claridad a las dudas que tenía el Ministerio con el tema de la afectación al Sistema General de Participaciones, SGP. Y segundo, creería que el presidente ha manifestado que es un gobierno de todos y para todos, teniendo en cuenta que es un país de regiones y el Congreso representa a esas regiones y ese fue el querer del Congreso", dijo Zuleta.

Por su parte, el senador barranquillero del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, advirtió en este diario que en caso de que el primer mandatario echara para atrás el proyecto, sería "un suicidio político".

"Una objeción presidencial a la Ley de Regiones sería un suicidio político. Ayer la Cámara de Representantes votó abrumadoramente la Ley, el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, FND, la defendió, y son los 32 gobernadores. Creo que sería enrarecer más el ambiente político para su Gobierno", señaló Gómez.

Entre tanto, el senador barranquillero del Partido Conservador, Efraín Cepeda Sarabia, dijo a este medio que ve "remota" la posibilidad de que el presidente la objete.

"Veo remota esa posibilidad, porque es un mandato de la Constitución, no le quita territorio a los departamentos, no eleva banderas separatistas, no fomenta burocracia ni tiene impacto fiscal, simplemente promueve autonomía, desarrollo y competitividad, y ha sido una aprobación mayoritaria en el Congreso. Pero si la llegase a objetar, irá nuevamente al Congreso, que seguramente podrá rechazar la objeción, y estoy seguro de que el presidente se va a unir a este clamor", puso de presente Cepeda.

De otro lado, la representante atlanticense de La U, Martha Villalba, anotó en conversación con este periódico que respetará pero no compartirá una posible crítica a la Ley desde Palacio.

"Esa es una posibilidad que el presidente puede contemplar, somos respetuosos, pero desde luego que esa decisión no la compartiremos. Quiero ser muy clara en manifestar que el proyecto de ley de regiones no contempla recursos directos del Presupuesto que se puedan comprometer para esta norma, pues las fuentes de financiación en este caso son otras. En todo caso, de ser objetado este proyecto, el Congreso, de acuerdo a lo establecido en la ley quinta, se encargará de designar una comisión que se encargue de revisar las objeciones que, por supuesto, votaremos negativo debido a que fuimos responsables al aprobar este proyecto en sus cuatro debates.

Y el representante de Cambio Radical por el Atlántico, José Amar, señaló en diálogo con EL HERALDO que Duque considerará el componente de equidad que trae la iniciativa de descentralización.

"Una de las características más negativas del país es la desigualdad, especialmente la diferencia entre los centros de poder y periferia. La ley de Regiones, como se ha demostrado en otros países, favorece la integración y el desarrollo, estimulando las inversiones para la superación de la pobreza. El presidente Duque ha manifestado que el centro de su política será la equidad. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial es una valiosa herramienta para la equidad, para que las regiones puedan ejecutar proyectos de inversión de alto impacto. Estoy seguro que el presidente tendrá en consideración a quienes somos representantes de la voluntad de la ciudadanía y que hemos dado, en forma contundente, un apoyo a esta ley", indicó Amar.

Lo que trae la Ley de Regiones

En los 18 artículos aprobados el pasado miércoles por la plenaria de la Cámara, fundamentalmente, se establecen normas para el fortalecimiento de las Regiones Administrativas de Planificación ya conformadas, y se dictan las condiciones para su conversión en Regiones Entes territoriales, RET.

En el país, actualmente, 19 departamentos se han unido para constituir cuatro RAP, la del Caribe, Centro, Pacífico y Eje Cafetero, y ocho departamentos más están en proceso de conformar la RAP de la Amazonía.

Las RAP tienen entre sus funciones las de presentar programas, planes y proyectos para el desarrollo regional y gestionar recursos de cofinanciación ante el Gobierno, de cooperación internacional y promover alianzas público-privadas para emprender proyectos regionales.

No constituyen las RAP circunscripciones electorales y un departamento podrá pertenecer a más de una RAP.

La financiación del funcionamiento de las RAP se hará con recursos de los departamentos que las conformen y los incentivos que defina el Gobierno; y los recursos de inversión de las RAP "provendrán de los aportes de las entidades territoriales que concurran en su conformación, los recursos provenientes del crédito público y la cofinanciación del Presupuesto General de la Nación". El Gobierno podrá asignar una partida del Presupuesto General para cofinanciar los proyectos de inversión de las RAP, que serán presentados ante los Ocad.

Para que las RAP se conviertan en RET, las asambleas de los departamentos que las conforman deberán avalar la solicitud que será presentada al Congreso, la RAP debe haber funcionado durante cinco años y la decisión que tome el Congreso será sometida a referendo en los departamentos aludidos.

Los departamentos que no pertenezcan a una RAP, podrán asociarse a cualquier RAP o RET. La conversión de RAP a RET solo se dará a partir del 2022.

Las RET tendrán entre sus funciones administrar los recursos que se les asignen, formular e implementar políticas, programas, planes y proyectos de carácter regional; cada RET tendrá una junta integrada por los gobernadores y se designará un gerente regional, que será la suprema autoridad administrativa. La Contraloría vigilará la gestión fiscal de las RET.

Y la financiación de las RET, en cuanto a recursos de inversión, provendrán de los departamentos, el crédito público y la cofinanciación del Presupuesto General de la Nación; el Gobierno les podrá asignar una partida del Presupuesto, y esta partida no afectará los recursos que del Sistema General de Participaciones, SGP, hayan sido entregados a los departamentos o municipios que las conformen.

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