El Heraldo
Andrés Rodríguez Cáez, entonces ex juez Promiscuo Municipal de Usiacurí.
Judicial

Audios del caso Pulgar no fueron modificados, asegura la Procuraduría

EL HERALDO conoció apartes del documento con el que el Ministerio Público decidió citar a juicio disciplinario al senador Eduardo Pulgar.

El pasado 14 de agosto la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia de juzgamiento disciplinario al senador Eduardo Pulgar Daza, por el presunto ofrecimiento de $200 millones al entonces juez Promiscuo Municipal de Usiacurí, Atlántico, Andrés Fernando Rodríguez Cáez, a cambio de favorecer un proceso penal que se adelantaba en ese despacho.

EL HERALDO conoció en exclusiva apartes del documento que el Ministerio Público usó para tomar la decisión en contra del congresita. El contendio del expediente incluye las declaraciones que el exjuez de Usiacurí  y Luis Fernando Acosta Osio ofrecieron el pasado 15 de julio a Marco Antonio Rueda, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y a dos delegados de la Procuraduría en Barranquilla, en el marco de la investigación que se abrio al congresista por el presunto soborno. 

De acuerdo con el fallo, el audio (una “copia espejo”) entregado por el juez donde se señala el supuesto ofrecimiento de dinero, “no presenta sectores defectuosos y no ha sido modificado”. 

Lo anterior se determinó luego de que la Corte Suprema y el Ministerio Público solicitaran el apoyo técnico de la dirección Nacional de investigaciones especiales de la Procuraduría, ante los señalamientos Acosta Osio quien dijo que los audios “fueron editados”. 

“Los resultados del estudio fueron entregados a la Procuraduría auxiliar para asuntos disciplinarios el 30 de julio y se concluyó que corresponden a una imagen forense que es una copia exacta de un dispositivo de almacenamiento. Se encontraron los archivos que contenía el dispositivo de almacenamiento original, por lo que se conservó la integridad de estos”, detalla el documento.

Ello significa que las grabaciones objeto de análisis y en la que se registró el ofrecimiento dinero “generan toda la credibilidad del caso” y se sustentan, según la Procuraduría, en las declaraciones  que el juez Rodríguez ofreció  “las cuales confluyen y son coincidentes en la configuración del presunto delito de cohecho, realizado por Pulgar Daza”.

Las diligencias

En las declaraciones ofrecidas por Rodríguez,  la tarde del 15 de julio en el edificio de la Cámara de Comercio, en el Centro de Barranquilla, manifesta que el contenido de la grabación que hace parte de la columna del periodista Daniel Coronel “corresponde a la realidad de los hechos acaecidos en ese momento”.

Detalla el juez que para el momento de los encuentros con Pulgar y Luis Fernando Acosta  Osío, tenía en su despacho un proceso penal que involucraba a la familia Acosta con relacióna  los líos de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

“Señaló (el juez) que se reunió informalmente con Luis Fernando Acosta, posterior  a la reunión con Pulgar,  y le dijo que lo tuviera decirle lo hiciera en la audiencia”, dice el documento.

Rodríguez detalló que el encuentro con Pulgar se realizó en el apartamento del congresista, en el  norte de Barranquilla, cerca al parque Rosado donde estuvo Ronald Padilla, ex alcalde de Usiacurí.

Durante la diligencia, indica el documento, el juez manifestó que desconoce “cómo se filtró la grabación”,  pero confirmó que la reunión con el senador Pulgar se materializó tal cual como lo señala la grabación.

El expediente afirma que el ex juez “aceptó haber hecho la grabación” y detalló cómo fue abordador por  Padilla para presentarle a su jefe político —el congresista Eduardo Pulgar—. A ese encuentro, detalla el documento,  el juez se llevó una grabadora y posteriormente realizó “una copia espejo, dado a que no conservó, en el contenedor original, la grabación”.

“El juez dice que permaneció de 20 a 30 minutos en la residencia de Pulgar”. Aseveró que la voz que se escuchaba en el material grabado es la de Pulgar  y que este se refirió al proceso que en ese momento estaba en el despacho judicial de Usiacurí, es decir el de los Acostas.

“El juez aludió a un ofrecimiento que le hiciese el senador Pulgar por $200 millones para que ayudara judicialmente en el proceso mencionado, y en el que estaba involucrado, entre otros, Luis Fernando Acosta”, sostiene el expediente.

Rodríguez  también señaló que días después de la reunión con Pulgar, sostuvo una con Luis Fernando Acosta a que también asistió el senador David Name. “El juez dice que en esa reunión fue donde le manifestó a Acosta que lo tuviese que decir lo dijera en la audiencia”.

Dice la Procuraduría  que de ese encuentro también hay un audio y señala que el exsenador David Mane fue el mediador entre Acosta Osio y el Juez.

Eduardo Pulgar Daza, congresista.

Habla Acosta

En la misma diligencia realizada en el edificio de la Cámara de Comercio Luis Fernando Acosta habría explicado la naturaleza de los litigios que tiene con su familia y manifesta conocer al senador Pulgar.  Allí afirma que se enteró del asunto  del supuesto soborono “por los medios de comunicación”.

Aseguró Acosta que conoció al juez Rodríguez en la oficina de David Name Teherán en la reunión y fue allí cuando “le solicitó el retiro de una tutela” que habían instaurado, la cual habría sido “irregular dentro del proceso” de la Unimetro.

“Acosta reconoció las voces (una era de él y la otra de David Name), pero  enfatizó que el audio está editado, en razón a que no aparece la parte en la que le pidieron que le tirara la tutela. Insistió en que está editada”, dice el documento que recoje las declaraciones. 

De dicho testimonio, destaca el Ministerio Público, “se deduce que hubo una reunión en la oficina de David Name Teherán en 2017 entre Acosta Osio y el juez en el que, al parecer, se trataron asuntos correspondientes al proceso de restablecimiento del derecho y suspensión de actos o registros obtenidos fraudulentamente”.

Por todo lo anterior, según el ente de control, principios como la probidad, moralidad y rectitud que deben rodear la actuación de un funcionario público, en este caso de un congresista, se habrían visto “afectados” con el comportamiento que en 2017 el investigado presuntamente desplegó con la intención de perturbar la imparcialidad de la justicia.

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