El Heraldo
Días después de la tragedia familiares y vecinos levantaron un altar para conmemorar a las víctimas.
César Bolívar
Judicial

Atentados en San José y Soledad 2000 un año después del horror

Seis policías muertos y 49 heridos fue el saldo trágico que sembró el terrorismo del ELN en el departamento del Atlántico.

“Se equivoca el ELN si cree que le va a arrebatar la paz a los barranquilleros”. Así, visiblemente afectado, reaccionó el alcalde de Barranquilla Alejandro Char la mañana de aquel sábado 27 de enero de 2018, un par de horas después de que el bogotano Cristian Camilo Bellón Galindo, según las autoridades, detonara sin piedad dos cargas explosivas en la Estación de Policía del barrio San José, justo cuando un grupo de uniformados formaba para salir a trabajar. 

Un año después, el dolor de las familias de las víctimas fatales y de los heridos se mezcla con la tensión de una ciudad y la indignación de una sociedad que reclama justicia ante este caso que se encuentra en etapa de juicio. 

Cabe recordar que por el hecho actualmente permanecen tras las rejas Cristian Bellón Galindo, Nilson Mier Vargas, Dalila María Duarte Martínez, y Rafael Antonio Botero Restrepo, alias Tista, un viejo cabecilla del Frente de Guerra Nacional Urbano del ELN capturado en Bogotá y que habría ordenado los atentados en Atlántico. Y está prófugo Jefferson Torres Mina, un individuo oriundo del Valle del Cauca de quien se dice habría ayudado a Bellón a coordinar los ataques. 

Recuento

Los dos artefactos explosivos que estallaron a las 6:40 de la mañana del sábado 27 de enero de 2018 en la parte posterior de la Estación de Policía del barrio San José y que causaron la muerte a seis policías y dejó heridos a 49 (47 policías y dos vecinos del sector), se activaron por un pulso eléctrico emitido, aparentemente, desde el radioteléfono que le fue decomisado a Bellón, tras su captura. 

Hasta el bogotano se llegó luego de que dos policías que salían de turno nocturno en la Estación del barrio San José lo identificaran cuando, aparentemente, trataba de huir del lugar. 

“Un patrullero que soltaba turno de amanecida y que estaba recostado a un árbol de caucho de la estación observa caminando en sentido sur-norte a un sujeto que llevaba gorra negra y mochila azul. El uniformado lo ve y el individuo, al hacer contacto visual con este, agacha la cabeza y dobla por la carrera 21B, en la esquina de la estación. Al minuto estallan las bombas”, leyó en medio de las audiencias preliminares contra Bellón el fiscal Rodrigo Restrepo, quien hoy es director Seccional de la Fiscalía. 

Posterior a esta escena, de acuerdo con el representante del ente investigador, el mismo uniformado que identificó inicialmente al sospechoso (Bellón Galindo) corrió hacia donde se produjo la detonación y, ante la masacre, le gritó a otro policía que también salía de turno: “¡Patru (patrullero), pilas, el de la gorra negra, suéter vinotinto, tiene un control en la mano, como un radio!”. Luego se llevó a cabo la captura.  

La explosión, según testigos, fue de impacto, “potente y seca”. Distinta al estallido de un transformador de energía, cuyo sonido ya es costumbre en esta zona del país. 

Posterior a eso, vecinos señalaron que la zona se convirtió en una escena de guerra, en el que se vio a uniformados ensangrentados pedir auxilio, mientras otros estaban tendidos en el piso. 

“Había policías que gritaban desesperados, mientras veían a sus compañeros tirados, inertes. Había sangre, mucha sangre, cascos verdes en el piso. Alcancé a ver a un policía sin una pierna, eso fue lo que más me impactó y me derrumbó”, reconoció en aquel momento una vecina de la estación. 

Los uniformados heridos de gravedad fueron los primeros en ser auxiliados y sus traslados se hicieron a la clínica Campbell de la calle 30, Clínica Murillo, Clínica La Victoria y el Hospital General de Barranquilla, todos cercanos al lugar del atentado. 

Las víctimas fatales, por su parte, todos con grado de patrullero, fueron identificadas como Fredy De Jesús Echeverría Orozco, Yosimar Márquez Navarro, Fredy De Jesús López Gutiérrez, Anderson Cano Arteta, Yamith José Rada Muñoz y Willy Savier Renalhs Martínez.

Mientras aquel sector de San José permanecía en emergencia, la ciudad cayó en un caos, producto de una avalancha de mensajes por redes sociales, en los que se señalaban nuevos ataques terroristas y advertían sobre visitas a centros comerciales y otras zonas de alto tráfico de personas. 

Sin embargo, aquella zozobra se acrecentó horas después a lo ocurrido en San José luego de que estallara en la madrugada de domingo otro artefacto explosivo en el CAI del barrio Soledad 2000, en Soledad, acto que dejó seis policías y un habitante del barrio heridos. Este hecho se lo atribuyeron a Nilson Mier Vargas y a Jefferson Torres Mina. 

Arriba de izquierda a derecha: Anderson Cano Arteta, Freddys Echeverría O y Freddy López Gutiérrez. Abajo de izquierda a derecha: Yossimar Márquez N, Yamid Rada Muñoz y Willy Rhenals Martínez.
La presión

Los operativos realizados por las autoridades días posteriores a los dos atentados obligaron a la entrega de Dalila María Duarte Martínez, de 49 años, en cuya vivienda del municipio de Soledad se habrían alojado a Cristian Bellón y Jefferson Torres. En el inmueble también se habrían fabricado los explosivos. 

La mujer, de 49 años, se dijo que era pareja de Nilson Vargas Mier, también de 49, pero en noviembre del año anterior, en medio de la lectura del escrito de acusación, trascendió que la mujer no era compañera del supuesto miembro del ELN y que tampoco residía en Soledad sino en Arboletes, Antioquia. “Ella fue invitada para navidad de 2017 por sus dos hijos”, leyó su defensa para controvertir a la Fiscalía. 

La caída de Nilson Mier Vargas ocurrió en marzo de 2018, un par de meses después de ocurridos los atentados de San José y Soledad 2000. 

Sobre sus acciones criminales, las autoridades precisaron que este habría sido el hombre que acompañó a Torres Mina a comprar una moto, unos días antes de que se perpetraran los atentados.

Según la Fiscalía, el hombre no solo era buscado por participar en los atentados terroristas de la célula urbana del Eln, sino que también tenía en su prontuario una orden de captura vigente por “los delitos de rebelión, terrorismo y homicidio”. 

Hasta hoy, el último que hace falta por caer en este caso es Jefferson Torres Mina. Sobre él se ha dicho que ha sido visto en la zona de la serranía del Perijá, en donde existe presencia del ELN. 

Dolor y tensión

Las familias de los policías fallecidos coinciden en que el dolor por sus repentinas desapariciones no cesa. Día tras día son recordados e incluso algunos allegados han honrado sus memorias llamando a nuevos miembros con sus nombres, así como otros han tatuado en sus pieles iniciales o figuras angelicales, inspiradas en los uniformados. 

Para el caso de los policías que resultaron heridos, EL HERALDO conoció que son contados los que han salido adelante y hoy prefieren callar ante el asomo de una pensión o una retribución de la institución armada. 

Por otro lado, el atentado en la Escuela de Policía General Santander de Bogotá, hecho ocurrido el 17 de enero anterior y que dejó 21 personas muertas y más de 50 heridas, revivió el horror del cruel ataque del Ejército de Liberación Nacional contra la estación de policía del barrio San José de Barranquilla. En redes sociales, el alcance fue extenso. 

Ante esa situación, el alcalde Alejandro Char a través de su cuenta de Twitter envió un mensaje de aliento a las familias de las víctimas de la capital: “Hace un año el pueblo barranquillero sufrió la pesadilla que está viviendo Bogotá, hoy somos solidarios con esas familias, por eso hoy más que nunca decimos al país que es una canallada, un atentado contra el pueblo colombiano”. 

Y días posteriores volvió a trinar: “#ColombiaMásUnida, le dice a los violentos: ¡No nos vamos a dejar!”.

El proceso

El pasado 16 de enero,  un día antes del ataque terrorista de Bogotá, se debía cumplir en Barranquilla la audiencia preparatoria de juicio contra los acusados Cristian Camilo Bellón, Nilson Mier y Dalila Duarte por los atentados de enero de 2018. Estos son señalados por el ente investigador por homicidio en persona protegida; homicidio en persona protegida, en grado de tentativa; rebelión; utilización de medios y métodos de guerra ilícitos; actos de terrorismo, destrucción y apropiación de bienes protegidos; delito contra la vida, la integridad física y emocional de los animales agravado y utilización ilícita de redes de comunicaciones agravado. 

Sin embargo, la diligencia tuvo que aplazarse hasta el 19 de junio debido a que dos abogados de los acusados no asistieron a la diligencia que se debía cumplir en el juzgado Único Penal del Circuito Especializado. 

Según quedó plasmado en el acta, los defensores que no asistieron a la audiencia fueron Leonardo Jaimes Marín (apoderado Cristian Bellón) y Gerardo Rincón Uscátegui (defensor de Dalila Duarte).

Ante esa situación, los familiares de las víctimas, presentes en sala, mostraron su descontento por el aplazamiento y expresaron de manera colectiva que esa maniobra no resultara a favor de los capturados, pues se tiene en conocimiento que la idea de Cristian Bellón y su abogado es que el proceso por el que se le acusa sea trasladado a la capital del país.

 

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