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Alto magistrado defiende independencia judicial de Cabo Verde en caso Saab

“La independencia de los tribunales y jueces es algo que tenemos que proteger de todo el vendaval de las presiones que venimos presenciando”, dijo.

Los jueces de Cabo Verde que deben decidir sobre la extradición a EEUU del empresario colombiano Álex Saab, supuesto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no cederán a ninguna presión y actuarán con independencia, aseguró el jefe de los magistrados del país africano, Bernardino Delgado.

Los jueces del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Cabo Verde, en cuyas manos está la suerte de Saab, "son inmunes a cualquier presión que pueda haber" en un proceso tan mediático, afirmó el presidente del Consejo Superior de la Magistratura Judicial (CSMJ), organismo que vela por la independencia de los tribunales.

En declaraciones divulgadas a última hora del viernes por la estatal Radio de Cabo Verde, Delgado defendió en Praia -capital caboverdiana- la autonomía de las cortes en este país insular de África occidental.

"Es un activo del sistema judicial de Cabo Verde. La independencia de los tribunales y jueces es algo que tenemos, de hecho, que preservar y proteger de todo el vendaval de las presiones que venimos presenciando en este caso, que es muy mediático", subrayó el máximo dirigente de los jueces caboverdianos.

Presiones en el “caso Saab”

En su opinión, este tipo de casos acarrea en todas partes una "tentación" para ejercer "todo tipo de presiones".

Pese a todo, el presidente del CSMJ insistió en que los jueces encargados de pronunciarse sobre Saab son "inmunes" a toda presión y ésa será "la garantía que tienen que dar a los caboverdianos".

"Sea cual sea el rumbo de la decisión, que sea una decisión contundente con sólidos fundamentos jurídicos", concluyó Delgado Delgado, al reafirmar que los jueces del STJ emitirán un fallo "con toda independencia".

El empresario colombiano fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal (el más importante de Cabo Verde), en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por supuestos delitos de blanqueo de dinero.

Tanto el Gobierno como un tribunal caboverdianos han aprobado la extradición de Saab a Estados Unidos, si bien la defensa -que incluye al exjuez español Baltasar Garzón- ha apelado la decisión de esa corte ante el Supremo Tribunal de Justicia.

Según fuentes especializadas consultadas por Efe, la sentencia judicial debería conocerse a finales de este mes de septiembre.

Cuando fue detenido Saab, Caracas señaló que es un ciudadano venezolano y un "agente" del Gobierno que estaba "en tránsito" en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que "tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela".

Supuesto blanqueo de millones de dólares

Tras mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab, de 48 años, apareció en la prensa cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.

El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, cuyas ayudas se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con "cientos de millones de dólares".

Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares (unos 296 millones de euros) supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.

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