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Editoriales
Actualizado hace 2 meses

Y ahora, ¿cómo paga ser pilo?

Aunque el anuncio del Gobierno está basado en el desfinanciamiento presupuestal e inspirado en la crisis de las universidades públicas, habrá que esperar una alternativa que garantice educación de calidad para los de menores ingresos.

El Gobierno nacional acaba de anunciar la culminación del programa ‘Ser pilo paga’, que durante cuatro años financió el ingreso de estudiantes de menores ingresos a las universidades con altos estándares de calidad.

Aunque no precisó cuál, la ministra de Educación, María Victoria Ángulo, dijo que habrá una nueva estrategia para garantizar, inclusive, mayores coberturas que las ofrecidas por las becas de la Administración Santos.

El programa benefició a 40.000 jóvenes de estratos 1 y 2 que obtuvieron altos puntajes en la Prueba del Icfes. Del mismo modo, a cerca de 2.000 estudiantes provenientes de familias afectadas por la violencia. Se trataba de un crédito condonable por el valor total de la matrícula, que el estudiante pagaría solo si no se graduaba.

Era, según los análisis que se hicieron desde observatorios de educación y grupos de investigación, una oportunidad excepcional que aumentó del 36% al 69% las posibilidades de acceso de los ciudadanos de menores ingresos a las universidades mejor ranqueadas del país. Pero la iniciativa generó debates desde su origen.

Las universidades públicas, que lo promovieron insistentemente, consideraban inadmisible que el Gobierno estuviera financiando a las universidades privadas y descuidara a las estatales. Y acompañaban el argumento con un dato contundente: con los $900 mil millones que se invirtieron en los 40 mil estudiantes cubiertos, se habría podido financiar a 500 mil jóvenes en las universidades públicas.

El ejercicio consistía en comparar el valor de la matrícula en la privada con lo que podía costar en la pública.  

El debate fue recogido durante la campaña presidencial que se inclinó por el actual presidente Duque. Todos los candidatos se declararon partidarios de una revisión, buscando un equilibrio en la asignación presupuestal para las instituciones públicas. Pero el anuncio de la ministra fue más radical.

La determinación estuvo motivada por el desfinanciamiento de más de $25 billones que, en general, encontró el nuevo Gobierno al revisar las finanzas públicas. Además del déficit de $2 billones que tiene el programa.

Lo que está garantizado, por ahora, son los recursos de los estudiantes que ya hacen parte del Programa para que terminen felizmente sus estudios. Los que confiaban en la gratuidad para empezar su proyecto de vida profesional, tendrán que esperar.

Lo que cabe esperar en esta compleja disyuntiva es que la incógnita se resuelva con el fortalecimiento de la educación pública superior. Ahí el Gobierno tendrá que hacer una intervención profunda para conseguir que las universidades oficiales, que en su momento fueron las instituciones que concitaban la demanda de los buenos estudiantes del país, vuelvan a alcanzar notables indicadores de calidad.

Aunque la queja de estudiantes, profesores y rectores es sobre los $15 billones que, según sus cálculos, cuesta el déficit de las 32 universidades públicas, el problema no radica en el dinero. Este es apenas una parte de él.

La intervención tiene que dirigirse a optimizar las funciones sustanciales de las universidades, vale decir, academia, investigación y extensión y, en esas direcciones, apuntalar procesos sostenidos de globalización, formación profesoral, nuevos saberes, producción intelectual, pedagogías renovadas, despolitización y eficacia en la gestión, entre otros.

Solo de esa manera se podrá garantizar que los muchos estudiantes que ahora migrarán hacia esos claustros, tengan la formación adecuada. Obviamente, si esta es la alternativa que contempla finalmente el Gobierno.

 

Imagen de jesika.millano

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