Una demanda insólita II
Entre los argumentos que Gas Natural Fenosa presenta para reclamar la devolución de Electricaribe hay señalamientos sobre la supuesta “cultura del no-pago”. Y señala a funcionarios de intimidar a la compañía.
Si hay algo que ha alentado el caos en los últimos años de la Región Caribe, y en esto coinciden no solo líderes empresariales y políticos sino también autoridades y ciudadanos, es el deficiente servicio que venía prestando la empresa Electricaribe.
Más allá de que la inestabilidad eléctrica le pasara una crítica factura a la productividad y la competitividad de las ciudades, las protestas y bloqueos de vías por las fallas de energía se convirtieron en un triste pan de cada día que se vieron obligados a enfrentar las autoridades en distintos puntos de la Costa.
Ese constante estallido del inconformismo terminó configurándose como uno de los grandes detonantes, entre tantos otros, que movieron a los mandatarios y congresistas costeños a conformar un bloque común para protestar formalmente contra la empresa, en todas las instancias posibles.
Por primera vez en mucho tiempo, los líderes del Caribe colombiano actuaron con sentido de cuerpo, unidos frente a un objetivo común que los movió a deponer los matices políticos e ideológicos. Apareció más clara que nunca la necesidad de halar hacia un mismo lado, articulándonos específicamente en torno a lo que nos une, sin tener que sacrificar las diferencias que enriquecen a nuestra Región.
Y fue así como después de muchos planes de apoyo y medidas intermedias, el peso finalmente se hizo sentir.
Vale la pena volver a recordar estos acontecimientos que enmarcan la intervención con fines liquidatorios de Electricaribe, porque no dejan de sorprender los detalles de la demanda que la española Gas Natural Fenosa interpuso ante un tribunal de las Naciones Unidas para reclamar la devolución de la empresa. Alega una “arraigada cultura del no pago” en la Región, habla de “acoso” de parte del Gobierno Nacional y, más delicado aún, señala a funcionarios públicos de “alentar” la morosidad y un clima de violencia contra la compañía. Enumera, en su argumentación, declaraciones del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char; el gobernador de Córdoba, Edwin Besaile; el senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías y el representante a la Cámara David Barguil.
Aunque evidentemente los funcionarios públicos fueron los que más alzaron la voz, es claro que no estaban hablando por sí mismos. Por el contrario, recogían el sentimiento de toda una Región, obligada durante años a sufrir una deficiente gestión de la energía eléctrica como si se tratase de una condena.
Gas Natural guarda silencio sobre sus reiterados incumplimientos en los planes suscritos con el Gobierno. No dice que la Superintendencia de Servicios Públicos se encargó, oportunamente, de desvirtuar el argumento de que la crisis en la prestación del servicio respondía a las deudas, pues alcanzaba unos niveles de recaudo del 98% de sus usuarios. Y omite que la gestión de cobro era parte de su responsabilidad, así como la tarea de conducir hacia la legalidad a los usuarios con conexiones fraudulentas; para lo cual, es importante recalcar, el Gobierno giró multimillonarios recursos que, de acuerdo con la Contraloría, terminaron despilfarrados. Es curioso, además, que otras empresas de servicios públicos, en otras áreas, no experimenten el mismo problema con la supuesta “cultura del no-pago”.
Es innegable que hay deudas, y que deberán ser subsanadas. Pero esto no justifica nada de lo que ha sucedido. ¿Qué hay de todos los costos asociados a sus problemas de prestación? ¿Quién responde por los daños ocasionados en protestas?
Es hora de volver a mostrar unidad de cuerpo ante el pulso que Gas Natural está planteando desde España. Que no se nos olvide todo lo que ha hecho, y que su demanda, y el terreno del desprestigio al que ha llevado el asunto, constituyen su última afrenta.
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