La detención de Julian Assange el jueves pasado  cierra un capítulo de una tortuosa historia que comenzó en 2010, cuando WikiLeaks, la organización que fundara cuatro años antes, divulgó cientos de miles de documentos reservados –sobre las guerras de Irak y Afganistán y las comunicaciones del Departamento de Estado– que comprometían seriamente a EEUU.

Assange permanecía recluido desde 2012 en la embajada de Ecuador en Londres, donde se refugió para evitar su extradición a Suecia, donde la justicia lo reclamaba por varios casos de abusos sexuales. El creador de WikiLeaks sostuvo que las acusaciones eran un montaje que tenía como fin último extraditarlo a EEUU. Estos casos fueron archivados en 2017. 

Pero la historia dio un nuevo giro el jueves, cuando el gobierno ecuatoriano retiró la protección a Assange con el argumento de que su comportamiento contravenía las normas de acogida. 

Esa decisión permitió a la policía irrumpir en la embajada y ponerlo a disposición de la justicia británica, que ahora deberá  decidir qué hace con el polémico personaje: si lo extradita a Suecia –que ha reabierto el caso de los abusos– o a EEUU. O si lo deja en Reino Unido,  porque no encuentra  fundadas las peticiones de extradición o porque considera en riesgo el estado de salud física o mental del detenido.

Lo que viene es de suma trascendencia. En juego no están solo los derechos de una persona –lo cual en sí mismo sería de suficiente entidad–, sino el futuro de la libertad de información, uno de los pilares de la democracia.

En su petición de extradición, EEUU sostiene que Assange no se limitó a difundir los documentos que le filtró Chelsea Manning, exanalista del ejército de EEUU, sino que conspiró con esta para atentar contra la seguridad nacional. 

Manning fue condenada a 35 años de cárcel en 2013, pero Obama la indultó en enero de 2017, días antes de dejar la presidencia. Assange niega el cargo de conspiración. Alega que no hizo cosa distinta a la de muchos medios solventes, que publican informaciones que consideran de interés público sin responsabilizarse por la forma en que estas son obtenidas.

Estamos, pues, ante un tema crucial para la libertad de prensa, que se encuentra en un momento  de extraordinaria dificultad  ante el acoso a que es sometida desde los más diversos frentes. En el caso de que Assange sea finalmente enviado a EEUU, lo mínimo que cabe esperar es que el proceso sea público y que el encausado tenga plenos derechos de defensa.

Una apostilla final: algunos exaltan a WikiLeaks como el periodismo “del futuro”, con cierto tono de menosprecio hacia los medios tradicionales. ¿Por qué, entonces, Assange recurrió a los ‘dinosaurios’ The New York Times, El País o Le Monde como aliados para difundir los documentos? Muy simple: porque le daban el certificado de credibilidad, sin el cual las informaciones no habrían logrado el impacto y la trascendencia que tuvieron.