Editoriales
Actualizado hace 3 meses

Sospechosa transacción

La Fiscalía y la Procuraduría deben investigar hasta las últimas consecuencias la operación realizada por la administración de Valledupar con dos morosos del impuesto predial, que habría costado $20 mil millones.

Las modalidades  para defraudar las arcas públicas en nuestro país parecen no conocer límites.

Un ejemplo de ello sería lo que, según indagaciones de la Fiscalía y la Procuraduría, ha ocurrido bajo la administración de Valledupar, en una operación más que sospechosa en torno al impuesto predial que habría costado al municipio unos $20 mil millones.

Los hechos, revelados por EL HERALDO en su edición de ayer, ocurrieron de la siguiente manera:  dos contribuyentes –la Sociedad Lascano Morales & Hijos y la particular Marleny Esther Kammerer– debían a la administración $993 millones y $433 millones, respectivamente, por concepto del predial.

El Municipio aceptó que le pagaran dicha deuda con lotes. Una evaluación aportada por los propios morosos tasó los dos  terrenos de la Sociedad Lascano & Hijos en $18 mil millones y el de Kammerer en $2.500 millones, a lo que el Municipio se comprometió a pagarles la diferencia. Y, como Valledupar se encuentra en Ley 550, la administración cedió a los dos morosos la potestad de recaudar el impuesto entre otros contribuyentes hasta cobrarse tal diferencia.

Salvo que la Alcaldía de la capital cesarense presente argumentos convincentes de que la operación se ajustó a derecho, todo este asunto huele bastante mal. Tal como apuntaba un asesor de la Contraloría local, es posible que lo sucedido haya sido una compra encubierta de los predios por la administración bajo la coartada de una dación en pago, en beneficio de los dos morosos. Y, por si fuera poco, al menos dos de los lotes se encuentran invadidos, lo que evidentemente dificultaría cualquier posibilidad de comercialización.

Estamos ante una negociación que, como mínimo, cabría calificar de atípica. No es normal que una administración haga este tipo de transacciones, que incluye nada menos que transferir a un contribuyente particular –moroso para más señas– la función de recaudador de impuestos para cobrarse su parte en el acuerdo.

 Como decimos, mucho tendrá que explicar el alcalde Augusto Ramírez, para convencer a los organismos de control, y sobre todo a los ciudadanos, de que se trata de una operación transparente, libre de toda sospecha.

Confiamos en que la Fiscalía y la Procuraduría investiguen este asunto hasta las últimas consecuencias. Los involucrados tendrán, por supuesto, la oportunidad de dar su versión y defender su actuación, como corresponde a un Estado de derecho.

Sea cual fuere el desenlace, lo importante es que los valduparenses, y los colombianos en general, queden con la certeza de que ha imperado la justicia. Si estamos ante un caso de corrupción, que se castigue con ejemplaridad. Si no hubo irregularidad, que quede nítidamente sustentado. No caben medias tintas.

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