Con una notable asistencia de público, se celebró ayer en Barranquilla la audiencia pública de rendición de cuentas sobre Electricaribe, convocada por la Procuraduría General de la Nación en alianza con EL HERALDO.

El propósito del Ministerio Público era que se conociera “la realidad” sobre la situación de la compañía y se despejaran los interrogantes sobre el futuro de la prestación del servicio eléctrico en la Región Caribe.

Con tal fin citó a la ministra de Minas, la superintendente de Servicios (e), el director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), el director de la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme), y el presidente de Electricaribe.

La principal conclusión que puede sacarse del evento es que, lamentablemente, seguimos en el limbo, en el sentido de que se mantienen las dudas sobre el futuro del servicio eléctrico en la Costa y sobre cómo saldrá Electricaribe de la grave crisis en que se encuentra.

La ministra Suárez, a quien hay que abonar el interés que está mostrando en este espinoso asunto que heredó del Gobierno anterior, hizo algunos anuncios voluntariosos. Dijo que se intentarán mantener para la Costa los subsidios a estratos bajos, que han sufrido un hachazo en el proyecto de presupuesto de 2019.  También se comprometió a agilizar las garantías vía Conpes pendientes, que suman más de $700 mil millones para avalar inversiones en infraestructura y compra de energía.

Como medidas a corto plazo están bien, aunque aún, como se le recordó, deberán pasar por el filtro del Ministerio de Hacienda. Y los costeños ya sabemos que suele ocurrir cuando los proyectos que nos urgen llegan a este despacho.

Con respecto al proceso para conseguir nuevo operador para Electricaribe, quedó flotando la sensación  de que puede quedar desierto. Y de que el único Plan ‘B’ existente en este momento es seguir manteniendo a Electricaribe con ‘respiración asistida’ hasta finales de 2019, para que pueda cumplir con la prestación del servicio en las condiciones conocidas.

Tanto la ministra como la superservicios eludieron opinar sobre la responsabilidad de la Nación en la crisis de Electricaribe, argumentando que hay que mirar hacia adelante. Sin embargo, este punto es muy importante que se aclare, porque de él depende el compromiso que debería asumir el Estado en el saneamiento de la compañía, carga que algunos pretenden dejar sobre los hombros de los usuarios costeños vía tarifas.

La audiencia de ayer fue, sin duda, muy útil para saber dónde estamos. Otra cosa es que no nos haya gustado la respuesta.