Editoriales |

Revelaciones inquietantes

Las autoridades competentes deben estar a la altura de las circunstancias y aclarar con celeridad y rigor el escándalo de las posibles chuzadas, que nos retrotraen a épocas siniestras que creíamos desterradas.

Las últimas revelaciones sobre posibles interceptaciones ilegales, reveladas días atrás por Semana, constituyen un escándalo mayúsculo y retrotraen a épocas oscuras que creíamos desterradas para siempre.

Según el semanario,  equipos tecnológicos  del Ejército habrían sido utilizados para chuzar a periodistas, políticos y magistrados. Información que, de acuerdo con diversas fuentes, era suministrada a un congresista del Centro Democrático cuya identidad no ha sido confirmada.

Casi al mismo tiempo, Noticias Uno reveló que en el despacho del magistrado César Reyes se había encontrado un micrófono oculto. La rama Judicial sostuvo que se trataba de un sistema de videocoferencia instalado por el anterior ocupante del inmueble. Con posterioridad, fue hallado otro dispositivo, lo que no ha hecho más que aumentar las suspicacias en torno a este asunto.

Por otra parte trascendió que, el 18 de diciembre pasado, la Corte Suprema efectuó un allanamiento en el cantón de comunicaciones situado en Facatativá en busca de elementos de prueba de otras chuzadas, estas relacionadas con la campaña electoral de 2014 y que también implicaron a militares, así como al  hacker Andrés Sepúlveda.

Semana  vinculó con las recientes chuzadas al excomandante del Ejército Nicacio Martínez, quien el 27 de dciembre, días antes de que trascendiera el escándalo, había presentado su dimisión ante el presidente Duque alegando motivos personales, y este se la había aceptado en medio de encendidos elogios por su larga trayectoria y entrega en las fuerzas armadas.

El mandatario ha afirmado que se enteró de las interceptaciones ilegales por la revista capitalina y anunció “cero tolerancia” frente a conductas de esta índole. El comandante de las Fuerzas Armadas, por su parte, ha puesto en manos de la Fiscalía el caso y ofrecido toda su colaboración para aclarar lo ocurrido.

Y es de suma importancia que así sea. Que todo este turbio asunto se aclare con la máxima celeridad  y que se depuren con ejemplaridad las responsabilidades. Una sustanciación rigurosa de este episodio es fundamental para la tranquilidad de los colombianos, para la defensa de las instituciones y, no menos importante, para la preservación del buen nombre del Ejército, que es recurrentemente la institución mejor valorada por los ciudadanos por su  entrega y su compromiso con el país.

Al general Martínez le cabe, ni más faltaba, el derecho a la presunción de inocencia, pero es necesario aclarar si tuvo alguna participación en los hechos y si esta fue en el fondo el motivo de su dimisión.

Esperamos, pues, que las autoridades competentes estén a la altura de la responsabilidad que exigen sucesos de tal gravedad.

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