Recuperar el civismo, una tarea urgente
Hastiados están muchos ciudadanos de Barranquilla por la expansión de talleres mecánicos, parqueaderos o lavaderos de carros en el espacio público. Se sienten desamparados frente a sus quejas sin solución. El incivismo demanda una respuesta acertada de las autoridades para evitar serios conflictos.
La proliferación de improvisados talleres mecánicos de carros y motos, al igual que de parqueaderos informales o de lavaderos de vehículos en el espacio público de Barraquilla, en particular en sus vías, no solo es una cuestión de falta de civismo o de cultura ciudadana, también es un asunto económico.
Quienes se dedican a estas actividades, en algunos casos más asociadas al rebusque diario que a un oficio continuo, generalmente no son conscientes de que están irrespetando el bien común. Pero aun así, es obligación de las autoridades ejercer los controles urbanos necesarios para que la ciudad no sea percibida como tierra de nadie en la que sus habitantes, sin dios ni ley, hacen lo que mejor les parezca.
No se puede tolerar, porque es una conducta totalmente contraria a la convivencia armónica, que zonas de Barranquilla, sobre todo en barrios residenciales situados en las localidades Suroriente y Suroccidente -de acuerdo con las denuncias conocidas por EL HERALDO- se encuentren convertidas en talleres a cielo abierto, en los que mecánicos y clientes usurpan, a diario, calles, aceras o bulevares que son parte del espacio público.
La casuística es bastante amplia, pero el malestar, desamparo e indignación, así como el hartazgo y frustración, de los afectados, principalmente vecinos o moradores de las cuadras invadidas, resultan invariables. Se sienten ciudadanos de segunda, cercados en sus propias casas por quienes –a la vista de todos- trasgreden no solo elementales principios de coexistencia, sino que también se pasan por la faja la normatividad vigente, reducida por los infractores a papel mojado. Su desafiante actitud no solo incomoda, muchas veces también intimida a quienes se atreven a protestar.
Pese a sus reiterativas quejas, son contadas -con los dedos de la mano- las veces que la Policía o funcionarios de las administraciones locales, tanto la actual como sus antecesoras porque este es un problema que envejeció mal en la ciudad, acuden a los sitios señalados para intervenir e intentar ponerle freno a las ocupaciones.
La ausencia de sensibilidad o empatía de las autoridades frente a la desesperante situación que afrontan permanentemente los afectados por la expansión de los talleres, como también sucede con las víctimas del ensordecedor ruido de los establecimientos de ocio, es un arma de doble filo. Por un lado, atenta contra la confianza de la gente en sus instituciones, y por otro, alienta a que más contraventores abusen de los demás, sin detenerse a considerar sus obligaciones con la comunidad a la que pertenecen, desconociendo el principio básico de “no hagas con otros lo que no quieras que hagan contigo”.
Ni siquiera porque los talleres en el espacio público impactan la salud de las personas por la excesiva contaminación ambiental y auditiva que generan, más allá de la flagrante obstrucción a la movilidad de quienes circulan a pie o en sus vehículos, se advierte una respuesta mucho más contundente por parte de los organismos encargados.
Tanto la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial como la de Control Urbano y Espacio Público, que dicen haber adelantado 600 actuaciones por denuncias de este tipo, entienden los riesgos de estos comportamientos tan incívicos. Sin embargo, el problema se encuentra tan extendido que no dan abasto para cumplir sus funciones o no cuentan con suficientes dientes para resolverlo.
También conviene entender que la forma como se está abordando la situación no ofrece una perspectiva favorable para que sea superada en el corto plazo, muchos menos si se produce un eventual cambio en el ciclo económico debido a distintos factores.
Se precisa, por tanto, de nuevas estrategias consensuadas, al margen de las medidas correctivas que siempre serán un recurso necesario. Nuevamente, urge poner el foco en la construcción de valores cívicos hacia lo colectivo, que prioricen los deberes ciudadanos o las responsabilidades que nos competen a todos, para establecer un marco normativo o un nuevo contrato social, si cabe de alcance moral, con códigos claros que nos permita reaprender a vivir en comunidad.
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