¿Deberían las redes sociales tener la consideración de medios de comunicación y, por lo tanto, responder por los contenidos que en ellas se publican, como sucede con los periódicos?

Este debate –que forma parte de la gran discusión sobre el impacto de la globalización y el desarrollo tecnológico– lleva ya varis años abierto, y no ha hecho más que agudizarse debido al clima creciente de agresividad que se respira en algunas de estas plataformas. En particular en Twitter, la preferida por políticos, periodistas y quienes desean opinar sobre los temas más candentes de la actualidad.

De momento, las redes no tienen tratamiento de medios, sino de proveedoras de servicios, y por ello se han librado de asumir responsabilidad legal por los contenidos.

Por lo general, las legislaciones señalan que a los dueños o administradores de plataformas o medios  de comunicación solo se les puede exigir responsabilidad legal si  controlan, editan o actúan como editores de los contenidos, como señala Javier Felipe Sánchez en el libro ‘Redes sociales: del daño virtual a la responsabilidad legal’.

La novedad en esta discusión es que varias redes han empezado a ejercer medidas de control sobre las publicaciones. En este momento, Twitter mantiene en España un pulso con el partido de ultraderecha Vox, al que suspendió su cuenta por un trino en que relaciona al colectivo LGBTI con la pederastia. Twitter exige a Vox que retire el trino para reactivarle la cuenta, pero el partido no cede ante lo que interpreta como un ataque a la “libertad de expresión”.

No hay que ir tan lejos. En Colombia vemos a menudo mensajes eliminados por Twitter e incluso suspensiones temporales de cuentas, como le sucedió al propio expresidente Uribe.

La redes hacen estos controles con sus propios criterios de evaluación, que muchos critican por “arbitratrios” o contrarios a la libre expresión. Muchos otros, sin embargo, ven positivos dichos controles (sin duda insuficientes ante las dimensiones de la barbarie), porque animan a expresarse a  gente que hoy se inhibe de hacerlo ante la violencia impune que recorre las redes. 

Al margen de estas posiciones, el interrogante que se abre es si las plataformas, al ejercer controles, no están dando argumentos para que se les pueda asumir como medios con responsabilidad sobre sus contenidos.

Quizá haya llegado la hora de profundizar en este debate, sobre todo si se considera que son cada vez más las personas, sobre todo los jóvenes, que afirman que se informan “por las redes”, dando a estas la categoría de medio informativo equiparable a los periódicos tradicionales. Los cuales sí responden -de manera directa o subsidiaria– por los contenidos que publican.