La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha anunciado la inminente apertura de un proceso de caducidad del contrato para la construcción de la autopista Corredor 5, también conocida como la vía de cuarta generación (4G) Puerta de Hierro-Palmar de Varela y Carreto-Cruz del Viso.

El trazado de la obra, de 202 kilómetros, pasa por 14 municipios de Sucre, Bolívar y Atlántico. Y, según las previsiones, mejoraría la conexión del Caribe con el resto del país. Sobra subrayar, por tanto, la importancia que tiene esta vía para nuestra región. Y también, por supuesto, para toda Colombia. En especial para los empresarios que movilizan mercancía por vía terrestre en una u otra dirección.

Se da la circunstancia de que el contratista es la compañía española Sacyr, con lo que se asoma un nuevo litigio con ese país después del planteado por Gas Natural Fenosa por la intervención y liquidación de Electricaribe.

El problema con Sacyr consiste en que en 30 kilómetros del trazado de la vía han aparecido terrenos arcillosos que, según la compañía no figuraban en los documentos de la licitación y hacen “imposible por razones técnicas” la ejecución del contrato. Sostiene Sacyr que habría que redefinir la obra, lo que aumentaría su costo, que asciende hoy a 275 millones de dólares.

Las objeciones del Gobierno, que considera que Sacyr debe asumir las cargas, llevaron a las partes a recurrir a un mediador para buscar una salida amistosa. Este emitió ya su dictamen en favor del Ejecutivo.

Pero Sacyr no da su brazo a torcer, y el hecho es que la obra, en fase de preconstrucción, lleva un retraso de nueve meses. La ANI ha abierto ya a la compañía cinco expedientes sancionadores por $11.000 millones y ahora anuncia la apertura de un proceso de caducidad, que las fuentes consultadas consideran inevitable.

Sacyr (que también tiene el contrato del nuevo Puente Pumarejo, entre otros) ha reaccionado advirtiendo que acudirá a un tribunal internacional de arbitramento, como ya hizo Gas Natural Fenosa.

Algunos medios españoles ya han empezado a defender los intereses de Sacyr, presentando a Colombia como un país con inestabilidad jurídica para hacer negocios. En casos como este, lo serio es mantener la  ecuanimidad y esperar que las diferencias se resuelvan de manera justa, sin presiones ni chantajes, en favor de quien tenga la razón.

El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, que hoy prevé estar en Barranquilla, haría bien en explicar la situación y contar si existe algún plan de acción, tanto si se declara la caducidad como si surge algún tipo de acuerdo con Sacyr. Los costeños seguro querrán saber qué pasará con una obra que se les presentó en su día como una gran noticia para nuestra región.