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Editoriales
Actualizado hace 1 meses

Protesta con razones

Ante la multiplicidad de factores que integran el complejo panorama de la educación en nuestro país, especialmente en lo que respecta a las universidades oficiales, resulta útil que escuchemos a los jóvenes.

Los estudiantes de las universidades públicas marcharon ayer en todo el país, llamando la atención del Gobierno acerca de las dificultades que debe enfrentar este sector, debidas, en su mayoría, a lo insuficientes que continúan siendo los recursos que el Estado destina para su operación.

Lo cierto es que, a pesar de que las partidas presupuestales han ido aumentando en las últimas décadas, las transferencias de la Nación a las universidades se siguen calculando con base en el Índice del Precio al Consumidor (IPC), sin tener en cuenta que la cobertura ha crecido en un 284% desde 1993. De manera que, según algunos especialistas, el crecimiento del recurso que parece demostrado en las cifras es en realidad una simple corrección monetaria. 

Los estudiantes conocen de primera mano las consecuencias: instalaciones en precarias condiciones, disminución de profesores de planta, dificultades para la investigación y la oferta de doctorados, son algunos de los asuntos que deben ser enfrentados de inmediato.

Han sido loables los esfuerzos del Gobierno para tratar de sobreaguar la crisis. Se destaca que, por primera vez en décadas, la administración pasada aprobó un presupuesto mayor para la educación que para la defensa, y que ayer mismo el Ministerio de Hacienda aprobó, ante la solicitud de diversos sectores políticos, una partida adicional de $500 mil millones para las instituciones públicas de educación superior. Sin embargo, teniendo en cuenta que los cálculos más optimistas estiman que se requieren cerca de $15 billones para que las universidades públicas solucionen el déficit, es claro que deben encontrarse fórmulas adicionales.

Eso sin contar con que es necesario abordar, además de los factores operativos, salariales y de infraestructura, el tema de la calidad de la educación superior, el cual se expresa, por ejemplo, en la brecha que existe en este sentido entre las universidades capitalinas y las de provincia. Para lograr solucionar ese desequilibrio y ofrecer a los estudiantes de las regiones una formación cada vez mejor, es necesario invertir en la formación de docentes –facilitándoles estudios de maestría y doctorado–, implementando y fortaleciendo los procesos de descentralización para que los estudiantes de provincia no emigren hacia las ciudades grandes en busca de mejores opciones educativas, estimulando a los mejores profesionales, con salarios atractivos, a que se vinculen a la cátedra.

Ante la multiplicidad de factores que integran el complejo panorama de la educación en nuestro país, especialmente en lo que respecta a las universidades oficiales, resulta útil que escuchemos a los jóvenes, valorando su decisión de hacerse escuchar pacíficamente. Ellos parecen entender mejor que muchos que la educación pública es el principal patrimonio de cualquier sociedad que tenga como objetivo alcanzar la excelencia, la equidad y el desarrollo.

Imagen de cheyenn.lujan

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