Los datos no pueden ser más alarmantes. Entre 2015 y lo que va de 2018 se han producido en Colombia 1.052 ataques y 457 amenazas contra la prensa y los periodistas, con un resultado de 570 víctimas de diverso grado de afectación.

Lo más grave del caso es que las cifras son muy superiores a las del trienio anterior, lo que debería llevarnos como sociedad a hacer una reflexión urgente sobre esta intolerable situación.

Estamos ante un problema que no es, ni mucho menos, exclusivo de Colombia. Los ataques y amenazas contra periodistas, y, sobre todo, la impunidad que en la inmensa mayoría de los casos ampara a los agresores, llevó hace cinco años a la Asamblea General de las Naciones Unidas a instituir el 2 de noviembre como el Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas.

Muchos de los atentados contra los informadores acaban en asesinato. En Colombia, 158 periodistas han sido asesinados desde 1977. Solo en uno de los casos –el de Orlando Sierra– se ha condenado a toda la cadena criminal. En otros tres –Jaime Garzón, José Emeterio Rivas y Rafael Prins– fueron condenados los autores intelectuales del asesinato. En 28 más recibieron castigo los  autores materiales. Y los restantes 126 han quedado en la total impunidad.

Ese vergonzoso nivel de impunidad, precisamente, es lo que más da alas a los criminales para llevar a cabo sus planes, que tienen en el asesinato su expresión más brutal.

Pero los intentos de acallar a los periodistas se manifiestan de diversas maneras, entre ellas la estigmatización, la interceptación de sus llamadas, las presiones, el acoso judicial... De acuerdo con datos de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), el 99% de las amenazas contra periódicos y periodistas quedan en la impunidad.

En una fecha como hoy queremos honrar la memoria de los colegas –en Colombia y otras partes del mundo– que han sido asesinados por ejercer el oficio y transmitir nuestra solidaridad con todos aquellos que han sufrido o siguen padeciendo amenazas, presiones, acosos o intimidaciones por pretender informar al público sobre asuntos que unos pocos no quieren que salgan a la luz.

Y hacemos un firme llamado a las autoridades para que redoblen los esfuerzos en la protección de los informadores y los medios, porque lo que está en juego es el derecho a la información, que es uno de los pilares fundamentales de la democracia.

No basta con repetir declaraciones grandilocuentes de compromiso con las libertades. Hay que evitar que los informadores paguen un alto precio por cumplir con su tarea de comunicar.