La trágica muerte de la barranquillera Valentina González en las playas de Cholón, en las islas del Rosario, ha causado natural conmoción social, sobre todo por la forma absurda en que el destino se cebó con esta joven alegre y vital, cuyos mejores años estaban aún por escribirse.

En medio del dolor que produce esta desaparición prematura,  es inevitable buscar una explicación a lo ocurrido. Porque son muchos los que tienen la percepción de que esta fatalidad pudo haberse evitado.

De acuerdo con la versión del servicio de guardacostas, Valentina se hallaba practicando el careteo en una zona no apropiada para esa actividad, y al salir a flote fue arrollada por un yate, cuyas hélices le provocaron heridas mortales.

Ayer, en un comunicado, la familia de Valentina arremetió contra el comandante de Guardacostas, argumentando que, en el momento del accidente, la joven no estaba practicando careteo, sino acostada sobre un flotador cerca de la playa, y que el responsable de la embarcación con turistas se dio a la fuga sin prestarle auxilio a la muchacha.

 El comunicado sostiene además que en el área de Cholón no hay señalizaciones visibles de las zonas de uso de bañistas y de tráfico de embarcaciones. Una afirmación que contrasta con las versiones oficiales, que argumentan que dichas señales están debidamente establecidas.

Si existe alguna manera de honrar la memoria de Valentina, de hacer que su muerte no haya sido en vano, es aclarar lo ocurrido para evitar que en el futuro se produzcan otras tragedias de estas características.

Tanto Parques Naturales –entidad responsable de las islas del Rosario– como la Dirección Marítima Colombiana (Dimar) deben pronunciarse sin dilaciones sobre el suceso. Tienen que dejar bien claro cuál es la política de seguridad para los bañistas y cómo está regulado el tráfico de embarcaciones en el área.

Más allá de cuál sea la realidad en este caso concreto, lo cierto es que en muchas zonas costeras del país brillan por su ausencia las medidas de seguridad. Y es posible observar cómo lanchas y yates circulan entre los bañistas sin que estén claramente definidos los espacios asignados a unos y otros.

Esperamos, pues, que lo ocurrido en Cholón sea un aviso para todos. Empezando por quienes tienen la responsabilidad no solo de desarrollar las políticas de uso y disfrute del mar, sino de velar con eficacia por su cumplimiento.

La investigación del caso dirá si la muerte de Valentina fue por imprudencia –ya sea de la joven o del responsable del yate– o por negligencia de las autoridades. De lo que  estamos seguros es de que, en cualquiera de las hipótesis, hay cosas que se pueden mejorar para evitar que esta desgracia se repita.