La triste noticia de la joven que resultó muerta hace un par de meses en un accidente en Cholón, en Cartagena, volvió a poner sobre la mesa el tema de la seguridad en las playas del Caribe.

En efecto, la tragedia de noviembre pasado, que involucró a una embarcación, y otros incidentes similares se deben, en gran parte, a la falta de una regulación que destine el uso de los espacios recreativos a ciertas actividades, dependiendo de sus características ambientales y geográficas.

Esa es, precisamente, la naturaleza de una propuesta que ha presentado la Dirección General Marítima (Dimar) a las autoridades del Atlántico y del resto de departamentos de la Costa. En ella, la Dimar concluye que es necesario establecer franjas de playa destinadas al baño, la recreación, la práctica de deportes náuticos, el tránsito de embarcaciones y la pesca artesanal.

Una clasificación de este estilo, ordenada y puesta en marcha con criterios técnicos, podrá minimizar los riesgos a los que se someten las personas que hoy deben, por ejemplo, nadar en medio de yates y catamaranes sin que medien advertencias ni señalizaciones.

Pero, la seguridad no sería la única ventaja de esta división normativa. El turismo aumentaría en la medida en que se podría focalizar la oferta según los intereses de los visitantes y la manera en que ciertas playas satisfacen esas preferencias. De igual manera, el medio ambiente se vería beneficiado, una vez que se controlen las actividades dentro de los ecosistemas más vulnerables.

Este proyecto de la Dimar no surge del vacío, por cuanto ya existe una norma en Colombia, el Decreto 1766 de 2013, el cual ordena organizar las playas del país según sus características. Tal y como ocurre muchas veces, la norma no se ha cumplido y desde hace 7 años es parte de las demasiadas ordenanzas y leyes que suelen convertirse en letra muerta.

De las 17 playas con las que cuenta el Atlántico, ninguna cumple con las especificaciones que pide el decreto en el cual se basa la Dimar para realizar la propuesta. Lo que se pretende es que las capitanías de puertos, las alcaldías locales, los gobiernos departamentales y las secretarías de turismo logren ejecutar un plan a corto plazo que termine con la clasificación de las playas y sus correspondientes certificaciones.

Esta acción sería el primer paso para consolidar la Región Caribe como un destino turístico diverso, especializado, organizado y, sobre todo, seguro para los visitantes y también para los ciudadanos locales que disfrutan su tiempo libre en los diferentes balnearios.

Esperamos que esta propuesta de la Dimar de abordar la clasificación de las zonas turísticas aledañas al mar no se quede en los escritorios. Porque, sin duda, este será un paso importante –otro más– en el camino que nos debe conducir a ser una región próspera, desarrollada, moderna y conectada con el mundo.