Mientras más campañas contra el maltrato y abuso infantil hacen los estados, más denuncias y más casos atroces se conocen. 

Las cifras son espeluznantes. Los casos aún más. La prensa registra como pan de cada día un crimen tras otro en el que las víctimas son menores de edad. No hay freno a esta situación perversa. Los ataques a los seres más indefensos provienen dolorosamente, y en muchas ocasiones, de quienes están en el retrato de familia. 

Son vecinos, parientes cercanos o lejanos, inclusive padres, los abusadores sexuales. O son familiares con quienes conviven los niños los maltratadores permanentes. Nada más en 2017 las autoridades registraron 20.193 casos de maltratos contra menores de edad denunciados en Colombia. Las cifras de los no denunciados nunca se conocerán, pero se presume que puede ser igual o mayor a la que aparece en los registros del Instituto de Bienestar Familiar o de los juzgados y comisarías.

Los departamentos con mayor número de denuncias de abuso sexual son los Santanderes y Cundinamarca. Allí las cifras exceden cualquier estimativo. En el Atlántico se conocieron 1.211 casos el año pasado, una cifra menor a la de otros departamentos, pero nunca un número debe ser admitido por la sociedad. De este número, 721 corresponden a violencia sexual. Uno de los casos que mayor conmoción ha causado en los últimos años es el del ‘Lobo Feroz’, un psicópata a punto de ser extraditado de Venezuela.

Los estudios señalan que el seno del hogar es el principal sitio de violencia contra los menores. El segundo es la escuela, y el tercero, la calle. Además del maltrato con agresiones físicas y luego las verbales. Seis de cada 10 niños en el mundo sufren de maltrato físico a diario, sin importar sus estatus socioeconómico. Y cada cinco minutos un niño muere a causa de la violencia. Estos patéticos datos son de la Unicef, y varían con los años y con los países.

En Colombia se registra, como en África, el reclutamiento de niños para la guerra. Aunque el conflicto en el país mermó considerablemente con el Acuerdo con las Farc, todavía hay menores en las zonas vulnerables que empuñan las armas.

Ante semejante escenario, el Estado debe actuar con urgencia y firmeza, porque estamos ante una situación insostenible para el conjunto de la sociedad.