El asesinato de dos comerciantes en el mercado público de Barranquilla vuelve a poner el foco de atención de la ciudad sobre la extorsión.

Aunque las indagaciones apenas avanzan, el hecho vino a sumarse a otros casos que investigan las autoridades y que bien podrían ponernos ante la evidencia de una eventual reactivación de esta modalidad delictiva.

La práctica venía estando bajo control de la Policía y, particularmente, de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal, Gaula.

Después de haber azotado al área metropolitana por mucho tiempo, el Gaula desmanteló y asestó duros golpes a las bandas criminales, que permitieron reportar una caída del 58% en las acciones de los delincuentes durante el año pasado.

Ahí se descubrieron, por ejemplo, que desmovilizados de la guerrilla y sujetos pertenecientes a las Bacrim operaban desde las cárceles una campaña de terror que campeaba en el comercio, principalmente.

Pero esta es una actividad criminal rentable para las organizaciones antisociales, porque les permite obtener fondos económicos a un bajo costo y con el menor esfuerzo posible. El modus operandi sigue siendo el mismo: hacen llegar el mensaje extorsivo, refuerzan el mensaje con una amenaza sobre la integridad personal de la víctima o sus familiares y, de inmediato, el cobro.

La acción tiene una implicación intimidante, pues el asesinato de la persona que se niegue a pagar envía un mensaje para las víctimas potenciales o en curso.

Ahí, pues, no se requiere mayores medios logísticos distintos de un anónimo que se cuela por la rendija de una puerta o una llamada telefónica.

De manera que es muy fácil que se renueve, como aparentemente está ocurriendo en uno de los sectores productivos que más recursos en efectivo mueven durante el día.

Para enfrentar el fenómeno, la Policía ha pedido la colaboración de los barranquilleros. Aquí ningún esfuerzo será suficiente si entre la ciudadanía prevalece la negativa a denunciar.

Este, hay que aceptarlo, no es un delito que se investigue de oficio. La única manera de desarticular a las bandas es que el ciudadano genere una noticia criminal que permita resolver su caso y al mismo tiempo robustezca la estrategia contra todo el delito.

Pero no podemos desconocer que el miedo es legítimo y que se acentúa si la denuncia no recibe las respuestas indicadas.

El llamado, entonces, es también para la Policía, la administración de justicia y el sistema carcelario. Aquí no se requiere más que pie de fuerza sino un mayor despliegue de recursos de inteligencia y un trabajo colaborativo institucional que frene a los criminales antes de que sigan afectando la economía y, lo que es más importante, segando la vida de comerciantes y trabajadores.