Pagando los platos rotos
No de otra manera se puede interpretar que, por ejemplo, en la versión preliminar de este polémico plan regionalizado de gastos el Atlántico sea el único de los cinco más grandes departamentos que ve rebajados sus recursos de inversión.
Los reajustes en el gasto público anunciados como prioritarios por el nuevo gobierno comenzarán por la Costa Caribe. Esa parece ser la conclusión del primer borrador de regionalización revelado por este diario, en el cual el Departamento Nacional de Planeación propone recortar los recursos de la región en materia de inversión, pasando de los $8,3 billones de este año a $7,6 billones en 2019.
Esta pretensión ha generado airadas reacciones entre los parlamentarios y los gobernantes costeños, quienes han estado de acuerdo en afirmar que se trata de una medida injusta e inequitativa, cuyos criterios técnicos no son del todo claros.
Al margen de las reuniones que se llevaron a cabo el día de ayer entre senadores y representantes del Bloque Caribe con asiento en las comisiones económicas de ambas cámaras, en las cuales no se confirmó si las medidas serán finalmente incluidas en la propuesta definitiva, queda en el aire la sensación de que, como ha ocurrido en el pasado, los departamentos de la Costa siguen siendo, para el gobierno central, los candidatos perfectos a cubrir déficits, a cuadrar cuentas, a soportar, a punta de sacrificios que suponen aún más retrasos en su desarrollo, los planes de austeridad.
Entendemos que el Gobierno, que ha alegado que el Ejecutivo anterior dejó raspada la olla presupuestal, deba recurrir a unas cuentas más austeras. Lo que rechazamos es que la Costa, una de las regiones más rezagadas del país, asuma una buena parte de los ajustes.
No de otra manera se puede interpretar que, por ejemplo, en la versión preliminar de este polémico plan regionalizado de gastos el departamento del Atlántico sea el único de los cinco más grandes del país que ve rebajados sus recursos de inversión. La pregunta que surge es por qué no se reparten los recortes equitativamente entre Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander.
Resulta muy fácil proponer que de un plumazo se le quiten al Caribe $700 mil millones que deberían ser utilizados en infraestructura vial, educación, salud, alcantarillado, entre otras necesidades urgentes; pero la verdad es que son los ciudadanos, sobre todo los más pobres, los más afectados, los que verán cómo su calidad de vida deberá ser nuevamente sacrificada con tal de que las cifras macroeconómicas de Bogotá no sufran.
Este rasero desproporcionado con el cual se suelen medir las necesidades de nuestra región, las soluciones a nuestros problemas, la porción de riqueza que nos corresponde recibir y el porcentaje de sacrificio que nos toca asumir en tiempos de cinturones apretados, parece confirmar la creencia popular de que la clase política se excede en adulaciones y promesas en épocas electorales, pero nos da la espalda cinco minutos después de que los hemos ayudado a hacerse con el poder.
Entendemos que el Gobierno, que ha alegado que el Ejecutivo anterior dejó raspada la olla presupuestal, deba recurrir a unas cuentas más austeras. Lo que rechazamos es que la Costa, una de las regiones más rezagadas del país, asuma una buena parte de los ajustes.
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