Editorial

Otra vez, la Sierra Nevada bajo fuego

Nuevas confrontaciones entre Los Pachenca y el Clan del Golfo por el control territorial de las economías ilegales en la Sierra Nevada de Santa Marta han desencadenado un nuevo desplazamiento masivo. Pese a las alertas tempranas y denuncias ciudadanas, la zona sigue siendo tierra de nadie.

Nadie merece vivir con temor. Tampoco con la zozobra de ser víctima de un ataque criminal. Por eso, no es de extrañar que más de 400 personas decidieran desplazarse de zonas rurales de la Sierra Nevada de Santa Marta en los últimos días. El fortalecimiento del fenómeno paramilitar ha derivado en nuevas confrontaciones armadas por la disputa del control territorial y el manejo de las economías ilegales, en especial del narcotráfico, que han vuelto a esparcir el peor de los miedos entre sus habitantes.

Aunque siendo precisos, valdría decir que ese sentimiento de desasosiego jamás se ha marchado del todo. En consecuencia, los moradores de vastos sectores de Aracataca, Ciénaga, Fundación, Zona Bananera o Santa Marta, víctimas permanentes de hostigamientos, extorsiones, amenazas, reclutamiento forzado, violencia sexual u otras conductas vulneratorias, han debido resignarse a malvivir así: ¡Sin garantías! debido a la escasa o nula presencia de instituciones estatales, además de fuerza pública, en sus espacios. 

Desde hace un par de semanas, la situación de riesgo para estas comunidades conformadas, principalmente, por campesinos, indígenas y afrodescendientes ha empeorado. Detrás de la actual escalada de violencia aparecen los grupos armados ilegales posdesmovilización de las AUC. Puntualmente Los Pachenca, que tras la muerte de su líder, Chucho Mercancía, en 2019, se aliaron con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACS) –incluso adoptando su nombre– y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el Clan del Golfo, antes cercanas a Los Pachenca. 

Antiguos socios, dedicados a pisotear los derechos de los civiles sin más, mientras han reconfigurado sus estructuras ilícitas e incorporado a nuevas bandas criminales para fortalecer su cruenta disputa por el dominio de la Sierra Nevada. Una subregión de enorme valor estratégico para quienes pretenden acopiar y procesar droga, así como controlar las rutas más favorables para este lucrativo tráfico –el propio, el de sus socios mexicanos y el de otros grupos armados ilegales, como el ELN– a través de los ríos que bajan de las áreas montañosas, pasando por zonas rurales poco transitadas, hasta alcanzar costas distantes que les permiten acceder directamente a la Ciénaga Grande de Santa Marta y de ahí al mar Caribe. 

En cada paso este tránsito ilegal desencadena complejos escenarios de conflictividad que causan agresiones directas, como homicidios selectivos de líderes sociales, comunitarios y ambientales, masacres, confinamientos o regulaciones sociales con imposición de normas, pautas de comportamiento y estrictos horarios de movilidad, por ejemplo, para poblaciones enteras. Un hecho particularmente lesivo para los pueblos indígenas que no pueden ingresar a sus sitios sagrados. Toda una sucesión de afectaciones violentas que quebrantan derechos individuales y colectivos de los ciudadanos en su seguridad y derecho al territorio. Inaceptables, sin duda; novedosas, en ningún caso. 

Lo que hoy sucede lo había anticipado la Defensoría del Pueblo en su alerta temprana de 2019 y en las de años anteriores, señalando –de acuerdo con reportes ciudadanos– el riesgo de confrontaciones armadas, desplazamientos o la retoma de territorios por ilegales, luego del regreso de jefes paramilitares extraditados a EE.UU. En ese momento ya era inminente el recrudecimiento del conflicto en la Sierra, donde las cicatrices de la guerra histórica por el poder de los Giraldo y sus herederos siguen abiertas. ¿Se tomó atenta nota? No parece tan claro. 

Tras un nuevo consejo de seguridad, las autoridades anuncian acciones coyunturales. Es su deber. Sin embargo, basta con revisar los hechos de los últimos años para advertir el acelerado deterioro de la situación y concluir que no será tarea fácil ni rápida encarar la descomunal amenaza que representan hoy estos grupos armados ilegales para los habitantes de los territorios en riesgo. Mientras la Troncal del Caribe, entre Magdalena y La Guajira, siga siendo un corredor estratégico para el transporte y circulación de droga y armas, nadie estará a salvo. El diagnóstico está formulado, las recomendaciones también. No parece razonable que en vez de mejorar las cosas simplemente se agraven. Hay algo que no se está haciendo bien.

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