El presidente Santos ha convocado para hoy en la Casa de Nariño a un grupo de personalidades de La Guajira con el fin de buscar salidas a la gravísima crisis institucional y social que tiene postrado al Departamento costeño.
Este encuentro debió haberse producido hace ya mucho tiempo, cuando comenzaron a aparecer síntomas muy elocuentes de la descomposición política y administrativa de La Guajira, en vez de esperar a que la degradación alcanzara los extremos en que se encuentra hoy. Una vez más, desafortunadamente, deberemos aplicar con resignación el viejo refrán de que más vale tarde que nunca.
La cita se produce en un momento crítico en el que los dos máximos cargos de La Guajira –Gobernador y Alcalde de Riohacha– se encuentran acéfalos, porque sus titulares se fueron enviados a prisión en Bogotá.
El gobernador, Wilmer González, está detenido porque, según la Fiscalía, llegó al puesto mediante fraude electoral. Y el mandatario riohachero, Fabio Velásquez, por su presunta responsabilidad en un escándalo de corrupción en torno a la alimentación escolar. El término de los funcionarios que quedaron a cargo de los dos puestos ha expirado, por lo que existe ahora un vacío de poder institucional.
El presidente Santos está en la obligación de que el encuentro de hoy concluya con un plan urgente y concreto de acción que permita frenar la caída libre del Departamento costeño. La situación no admite más dilaciones, más discursos grandilocuentes, más promesas vanas.
Ahora bien: la solución de fondo no es, ni mucho menos, responsabilidad exclusiva del presidente de la República. Si la corrupción lleva décadas anidando en La Guajira es también –y podríamos añadir sobre todo– un reflejo de lo que ha sido la clase política de esa región (con notables excepciones, que las hay). Y, cómo no, de las organizaciones políticas nacionales que se han servido de ella para lograr sus objetivos electorales.
En los casos del gobernador González y el alcalde Velásquez, La U y Cambio Radical, respectivamente, deben explicaciones. La misma reflexión cabe para los casos de los exgobernadores ‘Kiko’ Gómez y Oneida Pinto.
La Guajira está hundida en un atraso intolerable. El año pasado murieron 96 niños wayuu por desnutrición. El jugoso dinero de las regalías fue a parar, en buena parte, en los bolsillos de los corruptos.
Los guajiros no merecen esta suerte. La sociedad civil debe rebelarse democráticamente ante la corrupción y la negligencia, que algunos bellacos quieren presentar como una especie de fatalidad colectiva de la que es imposible escapar. Si alguien tiene capacidad para acabar para siempre, no coyunturalmente, con esta pesadilla, son los propios guajiros.
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