Luego de los padecimientos que los habitantes de la región Caribe colombiana tuvimos que sufrir por cuenta de las extintas Electricaribe y Electrocosta, no cabe duda –al menos en el Atlántico– que la prestación del servicio ha mejorado ostensiblemente en comparación con las interrupciones permanentes que debíamos soportar diariamente, aun con las contingencias que en la última semana se registraron con la llegada de las lluvias.

Air-e y Afinia han realizado cuantiosas inversiones para reducir las horas de interrupción del servicio de energía –desde que asumieron pasaron el promedio de 115,4 a 68,7 y de 122 a 92, respectivamente– y para este año proyectan ejecutar unos 2,6 billones de pesos con el propósito de mejorar la prestación y calidad del servicio.

No obstante, mantener estos indicadores y sostener las inversiones ha demandado un esfuerzo económico que termina trasladándose a los usuarios, quienes desde el pasado mes de agosto debimos asumir los incrementos en las tarifas –del 9 % en el sector residencial y del 5 % en la industria– para poder cubrir las pérdidas de energía que terminan costándoles cada año unos 130 mil millones de pesos a las dos compañías.

En el caso de Air-e, que opera en Atlántico, Magdalena y La Guajira, en conjunto con la Policía y la Oficina de Servicios Públicos de Barranquilla anunciaron el endurecimiento de las sanciones a las empresas y negocios que roben energía, para lo cual han solicitado el acompañamiento de la comunidad en general para que denuncie a quienes manipulan las redes eléctricas, teniendo en cuenta que este delito “afecta la calidad del servicio y el bolsillo de todos”, llamó la atención Ramiro Castilla, gerente en el Atlántico de la empresa comercializadora.

Ya son cerca de 250 investigaciones penales que hasta la fecha cursan en la Fiscalía por el delito de defraudación de fluidos por apropiación del servicio de energía, y lo que buscan las autoridades y Air-e es que con el apoyo de los propios usuarios se pueda combatir el robo de energía que le genera a la empresa pérdidas diarias por 2 mil millones de pesos, asumiendo un rol participativo en la denuncia de los casos.

La ley brinda herramientas para sancionar a las empresas o negocios, amparadas en el numeral 13 de los artículos 92 y 196 del Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, que determina la suspensión temporal de hasta 10 días de su actividad en caso de hallarles conexiones ilegales a las redes eléctricas. También se podrán imponer multas de 16 salarios mínimos diarios legales vigentes ($533.333). Si reinciden en el delito a un año de haberse detectado se puede proceder al cierre definitivo.

Y en última instancia, los propietarios de negocios o empresas pueden ser denunciados penalmente y enfrentar penas de hasta seis años de prisión, conforme al artículo 256 del Código Penal.

Los usuarios de bien, que hacen uso eficiente de la energía y que pagan lo que consumen no tienen por qué pagar los platos rotos de aquellos que malgastan los kilovatios, consumen en exceso y además de todo se conectan ilegalmente a las redes eléctricas provocando fallas en el suministro y empujando las alzas en las tarifas por cuenta de las pérdidas de energía que deben asumir los operadores.

Ya es hora de que quienes se roban la energía y perjudican a una inmensa mayoría asuman las consecuencias pecuniarias y penales que implican cometer este delito. ¡Mano dura para ellos!