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Actualizado hace 2 meses

Lo que está en juego con la JEP

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El marco legal de la Jurisdicción Especial para la Paz pasó con trabas su primera prueba en las comisiones de Senado y Cámara; lograr su aprobación generará más tensiones por las críticas que suscitan varios artículos.

La discusión en el Congreso de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), columna vertebral del acuerdo con las Farc, ha sido tan candente como se esperaba, al tratarse del marco legal para juzgar los crímenes de lesa humanidad y otros actos de barbarie cometidos durante el conflicto con esta guerrilla. 

Se trata del conjunto de normas que permitirán la implementación del tribunal de 51 magistrados que juzgará a exguerrilleros, militares y civiles por su participación en el conflicto. 

Uno de los artículos más polémicos es el que permite a los miembros de las Farc participar en política sin haber recibido sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz. Las mayorías del Congreso, aunque  afines al Gobierno,  no aprobaron el texto inicialmente, y por eso el lunes estuvo a punto de quedar en el limbo uno de los temas más importantes del acuerdo: el que los exguerrilleros puedan ser candidatos.

Se requirió una nueva votación para salvar la participación política de las Farc, en la que esta vez las mayorías sí respondieron al llamado del Gobierno. Sin embargo, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, se comprometió a realizar una proposición para modificar este artículo y así la exguerrilla se vea obligada a comparecer a la JEP, incluso en el caso de los candidatos.

Es difícil para la sociedad digerir que exguerrilleros implicados en crímenes de lesa humanidad puedan aspirar al Congreso sin pasar por la JEP (que ya es bastante generosa con los desmovilizados) o sin que sus efectos los cobijen.

Desde el  Gobierno, este artículo es visto como la piedra angular del acuerdo, y por eso la maquinaria de la unidad nacional finalmente pudo rescatarlo cuando parecía que se hundía.

En el mismo debate, el Congreso acogió la mayoría de observaciones del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, con excepción de una de las que más inquieta al jefe del ente acusador: eliminar la limitación a los derechos fundamentales por parte de los jueces de paz. 

Para Martínez, esta situación es un “desafío” al Estado de Derecho ya que mientras el Congreso define la normativa de la JEP, los jueces tendrán libertad de acción y seguirán unas reglas especiales. 

El efecto colateral de esta polémica ha sido la ruptura definitiva de Cambio Radical de la coalición de gobierno en la que permaneció siete años, tras no participar en la votación de la JEP, lo que provocó la intempestiva salida del ministro de Vivienda, el barranquillero Jaime Pumarejo Heins, a quien Santos había elogiado en su reciente posesión. Una vez más ha imperado la práctica política de cuotas a la eficacia.

Imagen de cheyenn.lujan

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