La Policía Metropolitana de Barranquilla ha revelado que en lo que va del año 2017 la institución ha capturado a 2.785 personas de las cuales 2.426 gozan de libertad, lo que equivale al 87% de los detenidos. La noticia es, desde luego, muy alarmante.  

Daniel Corrales, juez de Control de Garantías, ha dicho que este porcentaje es la consecuencia de “errores de la Policía y debilidad de la Ley”, en tanto que el personero distrital, Jaime Sanjuán, ha atribuido el problema a las fallas en la aplicación del sistema penal acusatorio.  

La estadística que ha entregado el general Mariano Botero Coy genera, comprensiblemente, total desconcierto en la opinión pública, pero es indispensable contextualizar las razones explicativas de que el 87% de los capturados en Barranquilla y el área metropolitana esté libre.

Es necesario recordar que nuestro sistema penal, denominado acusatorio, tiene una característica fundamental como lo es ser garantista de los derechos de los procesados y donde la privación de la libertad es una excepción, cosa que al parecer no ha podido ser entendida por las autoridades y por los ciudadanos. En desarrollo de esta característica, hay que decir que los delitos con mayor impacto en la sociedad –a excepción del homicidio– son, en su mayoría, excarcelables o no conllevan medidas de aseguramiento de manera automática. Además, si no son delitos graves y la persona no posee antecedentes, por norma, debe quedar en libertad. Así de sencillo. 

Para esta tipología de delitos, que hoy son materia de excarcelación, el Congreso, sin afectar el espíritu garantista del sistema, debería establecer unas normas que le brinden más contundencia a la justicia penal, en lugar de responder solamente al vaivén de los sucesos que más generan estupor social, con la creación de mayores penas y nuevos delitos. Se requiere una legislación penal más integral, coherente y sintonizada con las necesidades del país.  

De otro lado, otro componente que agrega debilidad al sistema es que la demanda de justicia penal es aproximadamente el doble de la oferta institucional, y esto se refleja en déficit de jueces, fiscales, investigadores, Policía judicial y personal de laboratorios de criminalística. A esta falta de personal se añaden las deficiencias en infraestructura y logística que hacen más ineficaz la justicia penal en el Distrito Judicial de Barranquilla.

Por último, están las mejoras que requiere el accionar de la Policía. Un estudio realizado el año pasado por la Gobernación del Atlántico y la Fundación Protransparencia  demostró que en 2015 el 41% de las capturas correspondía a posesión de dosis mínimas de marihuana. Por supuesto, son capturas ilegales, pues es claro que estos consumidores, por decisión de la Corte Constitucional,  tienen derecho a la tenencia de la dosis personal y no se les puede sindicar de traficantes sin demostrarlo. En estos casos específicos lo que ocurre es que cuando estos capturados llegan a los juzgados son dejados en libertad. También se ha señalado por parte de fiscales y demás agentes del sistema penal que mientras en otros países la calidad en la acción policial no se mide por el número de capturados, en Colombia, en cambio, las capturas constituyen el principal factor de calidad: el positivo.  

De toda esta realidad emerge la urgencia de importantes cambios en el sistema penal, de modo que la persecución y el tratamiento del delito sean más eficaces, lo que generaría más tranquilidad y confianza en la ciudadanía.