Uno de los riesgos que corre Cartagena para perder su estatus de ciudad patrimonio de la humanidad es la falta de preservación de lo que justamente dio origen a ese título. Y así lo ha dicho y advertido en reiteradas ocasiones la Unesco, la entidad que hizo la declaratoria patrimonial.

Ahora, el escándalo suscitado por la construcción del complejo urbanístico Aquarela es una muestra del desorden y la anarquía urbanística que pulula en la región. En este caso se trata de cuatro torres de 30 pisos que producen afectación visual sobre una de las grandes joyas arquitectónicas de La Heroica, como lo es el Castillo de San Felipe de Barajas, su paisaje y sus alrededores.

Y es que la Curaduría Urbana número 1, encargada por su jurisdicción y competencia de entregar las licencias de construcción, omitió normas ampliamente promulgadas por el Ministerio de Cultura en zonas de protección ambiental.

En este momento de la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, y por la cual ya hay funcionarios detenidos, se estableció toda una suerte de piñata, compuesta por la entrega de resoluciones al proyecto, sin mediar los pasos y exigencias de ley. Esos documentos, de obligatorio cumplimiento, contienen inconsistencias. Han dicho las autoridades que varios predios del proyecto Aquarela no tenían autorización de Corvivienda y muchos de esos documentos no fueron tramitados como es debido ante la Curaduría Urbana.

La obra comenzó a ser ejecutada en agosto de 2016, a la vista pública, a pocos metros del preciado Castillo de San Felipe. Pero el escándalo y la polémica estallaron cuando en dos meses la torre más visible se irguió rompiendo con las posibilidades de visualizar el Castillo desde algunos puntos de Cartagena.

Una de las perlas de este escándalo que involucra a varios funcionarios públicos es la construcción de un helipuerto en el Aquarela, sin contar con el certificado pertinente de la Aeronáutica Civil. Además están las inconsistencias en varios planos, predios y áreas comunes. Las pruebas de la Fiscalía son numerosas, como grabaciones telefónicas incriminatorias entre el curador y una funcionaria de la Superintendencia de Notariado y Registro y distintas resoluciones presentadas por Lucas Tamayo, el representante legal del complejo urbanístico.

Aunque un poco tarde, pues las obras ya están avanzadas, la Fiscalía tiene el ojo puesto en esta cadena de irregularidades cometidas por las obras de este complejo urbanístico, cuyos constructores no midieron el impacto en una zona de periferia histórica conformada por los barrios Torices y El Cabrero. Ahora, como se puede prever, vendrá un largo y tortuoso proceso legal cuyo desenlace es imposible pronosticar.