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Actualizado hace 10 dias

La justicia para los menores

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El caso de un adolescente de 15 años que habría abusado y asesinado a su hermana en Putumayo abrió nuevamente el debate nacional sobre si los menores de edad deben recibir penas para adultos.

Un debate jurídico de talla mayor es el que se desprende de la posibilidad de que los menores de edad que cometan delitos de gran impacto social reciban penas para adultos. Se trata de un tema espinoso que tiene su origen en el elevado número de jóvenes que, por no haber cumplido los 18 años, reciben trato preferencial de la justicia a pesar de tener a sus espaldas un historial criminal que comienza prácticamente desde la infancia.

El tema cobró vigencia hace 15 días con el caso de un adolescente de 15 años en el Putumayo que habría abusado y asesinado a su hermana de 10 años por considerarla la “preferida” de su padre. De ser hallado culpable, el presunto homicida solo pagaría una condena de 8 años de prisión.

Y es que según las cifras oficiales, unos 18 mil menores de edad fueron capturados en 2017 por la Policía cuando cometían delitos. Pero en la actualidad solo hay 3.893 detenidos en las correccionales del país.

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes aplica para personas entre los 14 y 17 años, pero una de las propuestas es que empiece a imponer sanciones a menores de 12 años en adelante.

Esta posibilidad ha recibido tanto voces de apoyo como de rechazo, ya que algunos expertos opinan que a esa edad existe poco conocimiento de las conductas delictivas y el menor puede ser fácilmente manipulable. Por eso, otra de las opciones es que los involucrados en delitos empiecen a ser juzgados con penas para adultos desde los 16 años.

A pesar de la polémica que ha generado el tema, la Fiscalía informó que por el momento no trabaja en esta problemática, aunque jueces, fiscales y abogados en general reconocen los vacíos en la legislación. Se sabe, además, que congresistas del Partido de la U buscan presentar un proyecto de ley ante la indignación que ha generado el caso de la menor asesinada en Putumayo.

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Karen Abudinen, se ha mostrado en contra de la reforma ya que los menores de edad “no tienen la misma capacidad de un adulto para conocer las consecuencias que pueden ocurrir por un hecho delictivo”, por lo que apoya la continuidad de un sistema diferenciado para los adolescentes.

Ante casos ocurridos en otros países, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha reiterado que no comparte el cambio de las reglas de juego para los menores, y que lo que se requiere es una verdadera política preventiva y de oportunidades para esta población.

Lo anterior abarca no solo la prevención del delito, sino una política de Estado que aleje a los menores de edad de las drogas y el alcohol, que casi siempre son la puerta de entrada a la delincuencia.  

Imagen de adriana.puentes

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