La hora de la liquidación
Hacen bien el Gobierno y la Superservicios en actuar en defensa de los intereses de los usuarios de la Región Caribe. El reto es velar porque el proceso se surta con transparencia y que la elección del nuevo operador sea la mejor.
Finalmente llegó un anuncio que amplios sectores de la Región Caribe venían reclamando desde hace mucho: la Superintendencia de Servicios Públicos decretó la liquidación de Electricaribe.
La empresa prestadora del servicio de energía en los departamentos costeños se había convertido en el principal dolor de cabeza para los ciudadanos y los dirigentes empresariales y políticos. Más de una vez, las fuerzas de la Región hicieron frente común para protestar por su deficiente servicio y reclamar la intervención contundente del Gobierno Nacional para lograr una solución, en defensa de los intereses del Caribe.
Hubo que recorrer un largo camino para conseguir que se diera, incluso bajo la amenaza de un pleito jurídico internacional con una demanda de parte del grupo español Gas Natural Fenosa, propietario de la compañía.
Durante años, el inconformismo con el deficiente servicio se fue agolpando. Las fallas se volvieron pan de cada día, en especial con la llegada de las lluvias. Y en 2014 quedaron evidenciadas las falencias del sistema energético, con un apagón de unas 72 horas en 95 barrios de Barranquilla y Soledad. La situación se convirtió en uno de los principales detonantes de problemas de orden público, por los bloqueos y protestas que empezaron a acarrear las fallas de luz.
Al expediente de afectaciones por daños de electrodomésticos y perjuicios a la productividad de las empresas, tanto pequeñas como grandes, se sumaron pronto escandalosos hallazgos de la Contraloría que dejaron en evidencia preocupantes problemas de gestión, en particular con los recursos del programa para la normalización de redes eléctricas.
El Gobierno intentó varias cosas, como el Plan5Caribe, que contemplaba una inyección de $4 billones. Pero, a la larga, fue inútil. Electricaribe nunca cumplió a cabalidad sus compromisos.
La Superservicios, en cabeza de José Miguel Mendoza, pudo establecer luego de cuatro meses de intervención de la compañía que esta “no estará en capacidad de realizar las inversiones necesarias para garantizar la calidad y continuidad del servicio en las condiciones exigidas por la ley, ni cumplir con sus obligaciones mercantiles”. Sus proyecciones financieras no dan para que su operación sea sostenible. Hacen bien el Gobierno y el Superintendente en tomar esta decisión, para evitar que los usuarios sigan pagando los platos rotos por los problemas de gestión de una empresa extranjera.
Con la figura adoptada, se precisan los fines liquidatorios de la toma de posesión. Ahora empieza la búsqueda de un nuevo operador, a la par que comienza una tarea de saneamiento financiero. Las deudas carcomieron el servicio en la Costa, y una de las grandes tareas será sanearlas. Entre tanto, la empresa continúa con la responsabilidad de prestar el servicio. El reto será mantener la mano dura, frente a las presiones que llegarán del extranjero como represalia. También habrá que garantizar que no decaiga el servicio, aún más, como lo alertan las previsiones. Y el proceso de escogencia del nuevo operador debe estar totalmente blindado, sustentado en un transparente y profundo estudio de las cualidades técnicas y fortalezas empresariales de la firma que llegue.
Hay que velar ahora por que el remedio no sea peor que la enfermedad, como ya ha pasado otras veces en la historia colombiana.
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