La crisis que vive Santa Marta, parece no tener precedentes.

Todo parecía estar bajo control, hasta cuando fue retirado de sus funciones el alcalde titular Rafael Alejandro Martínez. Con medida de aseguramiento de casa por cárcel, acusado de presunta celebración indebida de contrato, Martínez fue reemplazado en sus funciones por el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Rugeles.

La capital del Magdalena venía bien, a juzgar por la percepción ciudadana que reflejaban investigaciones como Santa Marta cómo vamos. Dos sucesivos gobiernos de extracción popular, habían generado un gran movimiento de obras públicas, recuperado patrimonios públicos que históricamente estuvieron en manos de particulares, e impactado favorablemente indicadores de pobreza y cobertura en educación.

Los samarios ya vislumbraban una solución estructural a los problemas de movilidad, con el anunciado Sistema Estratégico de Transporte Masivo, y una resolución definitiva para el sistema de acueducto, que serviría a la ciudad con una red conectada al propio río Magdalena.

Pero a comienzos del mes de abril, cambió el panorama.

Martínez fue detenido y desde la Presidencia llegó Rugeles.

Hubo protestas en las calles, bajo la presunción de que el encargado venía a favorecer a los políticos tradicionales. Los funcionarios leales a Martínez denunciaron incursiones de espionaje en los computadores de sus oficinas. Varios secretarios de despacho se declararon en huelga de hambre.

Sin embargo, nada alteró el nuevo estatus político de la administración. Ni siquiera las entrevistas que realizó la propia vicepresidenta de la República Martha Lucía Ramírez para escoger al sucesor del alcalde investigado entre los candidatos que propuso el partido Fuerza Ciudadana.

A falta de una decisión sobre el reemplazo, ayer Rugeles declaró haber encontrado tres casos graves de corrupción en los que habrían incurrido aparentemente las pasadas administraciones, mientras inauguraban las obras que tenían tan contentos a los samarios.

Lo que dijo, palabras más palabras menos, es que no era verdad tanta belleza, y pidió a los organismos competentes encargarse de las investigaciones respectivas.

Aunque siempre es loable la defensa de los bienes públicos, conviene que se decante la incertidumbre política que hay en la ciudad.

Y que si hubo corrupción se investiguen con todo el rigor; que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Pero es conveniente que haya un alcalde con la debida autoridad para que la sensación de descontrol de hoy no se mantenga en el tiempo.