Luego de 500 días de un intenso trámite, dilatado por maniobras administrativas e impedimentos jurídicos de sectores contrarios a la interrupción voluntaria del embarazo, y en medio de un vehemente debate público de posiciones a favor y en contra, la Corte Constitucional –en una decisión claramente dividida– aprobó la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación, situando a Colombia a la vanguardia en este tipo de políticas en América Latina.

Determinación histórica que, aunque no eliminó el delito del Código Penal, como reclamaban las organizaciones feministas que lideraron esta movilización social sin precedentes, sí se convierte en la más desafiante apuesta hasta ahora conocida para asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia, sometidas a inaceptables barreras que les impiden llevar una vida libre de violencias y con autonomía para tomar sus decisiones frente a maternidades no deseadas.  

Que no se olvide, en medio de la agitación de voces divergentes que nos sacuden tras la decisión del alto tribunal, que alrededor de 360 mil mujeres –sobre todo las más jóvenes y de escasos recursos económicos– acuden cada año a abortos clandestinos, en los que ponen en riesgo sus vidas por las posibles complicaciones derivadas de hemorragias y sepsis, como resultado de procedimientos mal practicados, sin las mínimas condiciones sanitarias, en sitios totalmente inseguros, y a manos de personal no idóneo.

En este contexto, el aborto ilegal o inseguro, cuarta causa de mortalidad materna en nuestro país, constituye un serio problema de salud pública que podría comenzar a ser superado, gracias a este fallo. Siendo congruente con sus anteriores pronunciamientos, el alto tribunal demanda medidas legislativas y administrativas, por parte del Congreso y del Gobierno nacional, para formular una política pública integral que proteja la dignidad y los derechos de las gestantes, y a su vez “el bien jurídico de la vida en gestación sin afectar tales garantías”.

En vez de criminalizar a mujeres por abortar, el Estado colombiano debería empezar a saldar su deuda con ellas, en especial con las de los territorios más distantes, a las que se les niega cualquier posibilidad de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo de forma segura. La ruta ordenada por la Corte señala el camino para fortalecer programas de prevención y promoción de educación sexual, divulgar la existencia de instrumentos de planificación y las opciones disponibles para las gestantes durante y después del embarazo, ofrecer acompañamiento a las madres, entre ellas la adopción, o eliminar obstáculos para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

El Ministerio de Salud vuelve a tener la última palabra. Porque, desafortunadamente, no habría mucho que esperar del Legislativo, al que le ha quedado grande reglamentar las sentencias de la Corte en este tema, o en el caso de la eutanasia y el matrimonio infantil. Por lo menos 33 iniciativas han naufragado en distintos momentos desde el año 2006, cuando la Corte despenalizó el aborto por razones de violación o incesto, peligro de la vida o salud de la madre, y malformación del feto, que valga precisar siguen vigentes. Así las cosas, después de la semana 24 el aborto no será punible bajo estas tres causales.

Es comprensible la “perplejidad y profundo dolor” expresado por los obispos católicos que califican el aborto como “un acto inmoral y una práctica violenta contraria a la vida”. Sus críticas son perfectamente coherentes en las actuales circunstancias, y sobre todo por el límite de 24 semanas establecido por la Corte, que incluso ha generado estupor entre representantes de la salud por lo avanzado de la gestación. Es clave evitar que se llegue a ese punto, ofreciendo a tiempo condiciones de aborto libre y seguro que protejan la vida y salud de las gestantes. También conviene impedir que esta victoria de las mujeres se politice dando lugar a nuevos escenarios de confrontación electoral que radicalicen aún más ciertas posturas. Es urgente que la institucionalidad asuma su compromiso con el reconocimiento de los derechos de las mujeres que, pese a todo, continúan dando una lucha ejemplar por una vida libre y digna.