Gobierno e industria minera, condenados a entenderse
El Gobierno que envía, por momentos, mensajes confusos a sectores estratégicos para la economía, como la industria minera, debería considerar el impacto de sus decisiones futuras. Conviene que se abra un diálogo que no signifique imponer, sino concertar teniendo en cuenta lo mucho que está en juego.
Durante el último año, tras el inicio en firme de la campaña presidencial, la industria minera –uno de los actores estratégicos en el desarrollo social y económico de la nación– ha hecho visibles señales de enorme inquietud, por no decir de alarma, frente a sus garantías de estabilidad. Algunos de los primeros mensajes del actual Gobierno han alentado a la confusión, añadiendo aún más tensión.
Conviene tener en cuenta que este es un sector determinante que en 2021 representó el 24 % del conjunto de las exportaciones del país, atrajo el 10 % de la inversión extranjera directa y su PIB alcanzó el 1,3 % del total nacional, con USD4.305 millones.
En consecuencia, si no existen reglas claras o un sólido marco regulatorio que facilite condiciones para invertir en exploración y para producir – bajo criterios de sostenibilidad y responsabilidad– los minerales que el país necesita para consolidar su transición energética, construir viviendas o cultivar alimentos, entre otras prioridades, no solo la competitividad de esta industria, se verá seriamente impactada.
También se podrían afectar decisivas iniciativas de este Gobierno comprometido en acelerar la lucha contra el cambio climático, reducir la pobreza o las brechas sociales de quienes no cuentan con un lugar digno para vivir, y en superar la inseguridad alimentaria de los más vulnerables.
Que no se caiga en el error de estigmatizar un sector que es claramente mejorable en muchos aspectos, en especial en los ambientales, pero de cuyo dinamismo depende, más allá de sus aportes en términos de regalías, impuestos y otras contribuciones, la operación de una larga lista de actividades económicas.
No menos importante es que si se desincentiva la industria minera se arriesgará el futuro de miles de familias que hoy derivan, directa o indirectamente, su sustento de ella, en especial en los territorios, donde hay gran expectativa por saber qué ocurrirá en los próximos meses. Entre otras razones, por los efectos de la tributaria que, tal y como está planteada, los golpeará con dureza.
Por si fuera poco, la adversa coyuntura internacional, tras la invasión a Ucrania, que ha derivado en una fortísima crisis energética en Europa y Estados Unidos por la dependencia del gas, el petróleo y el carbón rusos, no ofrece señales de superarse en el corto plazo.
El Congreso Nacional de Minería debate, hasta hoy en Cartagena, sus desafíos. En este escenario, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, expuso los ejes transversales de la política de este Gobierno: minería intensiva en conocimiento, participación vinculante e innovación empresarial minera. Todo en el marco de una apuesta por un sector que responda a las oportunidades de la transición energética y a los retos del cambio climático.
Más allá de desafortunados episodios en los que la ministra resultó inmersa otra vez en polémicas por sus declaraciones, como ya había ocurrido con el tema del gas natural, queda por determinar –tras su presentación– ya no el qué hará, sino el cómo. En este sentido, es esencial buscar concertación a través de un diálogo que involucre tanto a los representantes del sector como a las comunidades, con el propósito de garantizar posibilidades para todos, aunque las respuestas sean distintas en cada caso. No se debería intentar arrinconar a nadie en el extremo de insanas radicalidades.
Lo mejor que podría pasar es que se construyan acuerdos sobre el nuevo modelo de formalización para la minería tradicional, se reconozcan derechos diferenciales étnicos o se establezca un riguroso ordenamiento legal, como pone sobre la mesa el Gobierno. Pero en aras de la buena predisposición expresada por la ministra, también es de justicia que se debatan las propuestas de la industria minera que quiere respaldar la industrialización del país con energías limpias, otra de las metas del actual Ejecutivo.
Por supuesto que las resistencias en un asunto tan sensible como este, responsable de históricos conflictos sociales y ambientales por la ausencia de adecuados estándares o de autorregulación del sector, se harán presentes e incluso habrá quienes se sientan agredidos.
Pero hay que buscar fórmulas que aseguren nuevas oportunidades, sin desconocer derechos adquiridos, para dar pasos cada vez más certeros hacia la transformación energética pendiente. Imponer una única voz solo incrementará interminables disputas, y de esas ya estamos hartos. Que no falte la voluntad entre quienes por el bien del país están condenados a entenderse.
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