Farsa electoral en Nicaragua
Nicaragua elige hoy presidente, entre la indignación y el miedo. El arresto de siete candidatos presidenciales, la ausencia de observadores internacionales y la prohibición del ingreso de la prensa al país ratifican la grave crisis que vive la democracia nicaragüense en manos de Daniel Ortega.
Nicaragua celebra este domingo unas cuestionadas elecciones presidenciales en las que el sátrapa de Daniel Ortega, en el poder desde 2007, busca una cuarta reelección, la cual se da como un hecho. La brutal represión de las libertades civiles y políticas de los opositores del régimen confirma el agravamiento de la crisis de derechos humanos en el país y, a la vez, la falta de credibilidad de un proceso electoral que dista mucho de ser transparente, inclusivo, libre y equitativo, como ha alertado buena parte de la comunidad internacional que no reconocerá los resultados.
El nuevo capítulo de las tropelías de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se inició a finales de mayo cuando se puso en marcha una orquestada campaña de detenciones arbitrarias de representantes de la oposición, líderes estudiantiles, dirigentes campesinos, defensores de derechos humanos y periodistas críticos del Gobierno. El hostigamiento de las voces disidentes se convirtió en el preludio de unos comicios considerados fraudulentos por organismos internacionales, pero aupados por las élites en el poder en Nicaragua, donde resultan alarmantes la falta de independencia judicial, las reiteradas violaciones al derecho de acceso a la justicia, a la libertad de expresión y de prensa, además de vulneraciones de los derechos políticos.
No sorprende que así sea. La deriva autoritaria de la dupla Ortega-Murillo, tan inescrupulosa como cínica, ha copado las instituciones nacionales, usándolas como sus marionetas para cometer todo tipo de atropellos y abusos, producto de sus delirios mesiánicos. Esta lamentable manipulación de la justicia que no ha logrado ser frenada, pese a las sanciones y condenas de la comunidad internacional, desencadenó el encarcelamiento de siete candidatos presidenciales, entre ellos la más firme aspirante a derrotar a Ortega en las urnas, la periodista Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios.
La rocambolesca acusación de “traición a la patria” que pesa sobre ellos sacó del juego electoral a los partidos opositores, allanándoles el camino de la reelección a Ortega y sus áulicos del Frente Sandinista, la alianza oficialista que controla, entre otros poderes, el Tribunal Electoral y el Congreso. Sin la menor vergüenza, la Asamblea Nacional aprobó en el último año escandalosas leyes y reformas constitucionales dirigidas a obstaculizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, sobre todo el de postularse a cargos de elección popular.
El mundo debe saber que los nicaragüenses viven perseguidos y con miedo. Entre julio y agosto de este año, el Gobierno ordenó el cierre de 45 organizaciones no gubernamentales de carácter humanitario, asociaciones médicas y de defensa de los derechos de las mujeres. La prensa es objeto permanente de allanamientos de sedes, incautaciones de bienes e investigaciones administrativas y penales. La oposición no cuenta con garantías mínimas para expresarse públicamente ni mucho menos para reunirse de forma pacífica. Los derechos políticos son cercenados a diario.
En suma, la sostenida criminalización de todo el que eleve su voz contra la autocracia nicaragüense es la estrategia empleada por Ortega y su impresentable corte, para invalidar a sus adversarios políticos. Nada conduce a pensar que este despropósito cambiará. Por el contrario, la violenta represión desatada en abril de 2018 -durante el estallido de las multitudinarias protestas antigubernamentales, en las que habrían muerto más de 300 personas- no ha hecho otra cosa que ir en aumento.
Los nicaragüenses claman por una patria libre en la que se restablezca el pleno goce de todos sus derechos. La comunidad internacional no puede seguir fracasando en su respuesta al acelerado deterioro de las democracias en la región, como ha ocurrido con Venezuela. Sin decisión ni contundencia en las acciones a seguir, la división en el interior de la Organización de Estados Americanos (OEA) seguirá dificultando encontrar salidas concertadas y las sanciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europa no harán mella en el régimen que, atornillado en el poder, está a punto de comenzar una nueva etapa.
Más Editoriales
Pésimo mensaje de austeridad en el gobierno del cambio
De manera recurrente los hechos nos demuestran que Colombia, al margen de quien la gobierne, es un país de injustificables excesos y brutales contrastes. Bastante descorazonador por donde se mire. En vez de estar hablando acerca del devastador in
En defensa del ‘perro guardián’ de la democracia
Este 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 para reconocer los principios de este derecho fundamental, evaluar la situación en la que se encuentra p
PAE a cuentagotas
Justo cuando comienza el cuarto mes del año en curso y dos meses después del inicio del calendario académico, de los siete departamentos de la región Caribe tres no han comenzado aún a ejecutar el Programa de Alimentación Escolar al que est
Inflación sin control
La decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de subir las tasas de interés al 5 %, en un nuevo intento para contener la galopante inflación en el país, podría quedarse corta o ser insuficiente ante el alza de los precios que,