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Editoriales
Actualizado hace 2 meses

Esto hay que pararlo

Algo hay que hacer con urgencia para detener esta sangría de líderes sociales y defensores de derechos humanos que se está produciendo en el país.

La lista macabra aumentó el domingo pasado, en una vereda del Magdalena, con el asesinato de Maritza  Quiroz, dirigente de las mujeres afrodescendientes víctimas de desplazamiento en la zona rural e integrante de la Mesa de Víctimas de Santa Marta. 

El Gobierno viene sosteniendo la tesis de que los crímenes no obedecen a una causa común, sino que responden a diferentes factores en cada caso, y por lo tanto no se puede hablar de una operación de exterminio. Este enfoque contrasta no solo con las organizaciones sociales que se sienten amenazadas, sino con  la versión del director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo Elías González, para quien el asesinato de líderes sociales en Colombia reúne los elementos para ser considerada una operación de exterminio.

El presidente Duque, en sus declaraciones públicas, ha expresado su rechazo frontal a estos asesinatos, sin recurrir a sinuosas apostillas para sembrar dudas malintencionadas sobre las actividades que desempeñaban las víctimas. 

Esa actitud es, sin duda, positiva; pero insuficiente, sobre todo al tenor de las dimensiones que está adquiriendo el problema: en los tres últimos años se reportaron cerca de 400 asesinatos de dirigentes sociales. Y en lo que va de 2019 ya se han producido seis crímenes de esta índole. Pero lo más grave, si cabe, es que prácticamente todos quedan en la más absoluta impunidad, lo que sin dudas da alas a los promotores de estos aberrantes delitos.

Más allá del debate de si estamos o no ante una campaña sistemática de exterminio –el cual debe en todo caso hacerse–, lo importante en este momento es que el Gobierno y el resto de instituciones concernidas diseñen alguna estrategia eficaz para afrontar esta intolerable situación que tiene a muchas comunidades sumidas en el miedo, como ocurría en épocas no tan lejanas.

En diciembre, el relator especial de la ONU para DDHH, Michel Forst, dijo haber quedado “muy preocupado” tras recorrer varias regiones del país y comprobar la “alarmante” situación de los líderes comunitarios. Nada parece haber cambiado de modo sustancial desde entonces, a juzgar por la intensidad con que los criminales han comenzado a actuar en el 2019.

Esperamos que la muerte de Quiroz sea ese aldabonazo de conciencia que necesitan las instituciones para dar un giro en el modo de abordar esta tragedia. No hay más tiempo que perder.

Imagen de jesika.millano

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